El reciente anuncio del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, de que próximamente comenzará a sustituir con soldados a los policías estatales que se encuentren en edad de jubilación o no hayan aprobado los exámenes de acreditación, es una señal preocupante, ya que militarizar las instituciones de seguridad pública va en sentido contrario a los estándares internacionales en materia de seguridad ciudadana.

Esa fue la advertencia que lanzaron el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Instituto para la Seguridad y la Democracia, el Centro de Análisis e Investigación Fundar y el Monitor Civil de la Policía, los cuales advirtieron que la medida anunciada por el mandatario elude también la responsabilidad de profesionalizar los cuerpos policiacos.

Mediante un comunicado conjunto, las organizaciones de derechos humanos señalaron que, en su búsqueda por evitar los tres meses que requiere la acreditación de cada agente, Aguirre estaría ignorando el principio internacional que establece que los estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos, pues no están entrenadas para ello.

Por otro lado, se estaría eludiendo la obligación de profesionalizar a los agentes de la policía estatal, lo cual contraviene incluso la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y reproduce experiencias poco efectivas, como lo demuestran los ejemplos de Chihuahua y Nuevo León.

Las autoridades estatales, más que apostar por la militarización de las policías, deben impulsar la modernización de esas instituciones. Por ello, desmilitarizar la policía y refundarla impulsando su misión civilista y su vocación ciudadana deben ser las características del proceso de reforma policial en Guerrero, recalcaron.