a Procuraduría General de la República (PGR) informó ayer que los generales Tomás Ángeles Dauahare, ex subsecretario de la Defensa Nacional, y Roberto Dawe González, general brigadier en activo, detenidos el martes por esa dependencia federal, permanecerán arraigados por 40 días como medida cautelar para avanzar en las pesquisas por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Cabe recordar que tras la captura de los militares, realizada con base en una orden de presentación y localización, la dependencia a cargo de Marisela Morales emitió un escueto comunicado en que se limitaba a informar que los detenidos declaran ante el Ministerio Público Federal adscrito a la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada (Siedo), y que la captura carece de connotación política o de relación alguna con las campañas en curso o los candidatos en contienda.

Con independencia de la inocencia o culpabilidad de los oficiales arraigados, la información disponible indica que la PGR no ha respetado, en este episodio, las garantías individuales de que debe gozar cualquier persona, independientemente de su condición jurídica: a los señalamientos de los familiares de los detenidos en el sentido de que éstos permanecían incomunicados, se sumaron ayer las denuncias del abogado de Ángeles Dauahare, quien dijo que las autoridades de la Siedo se habían resistido a acreditarlo como defensor del militar en retiro y habían designado uno de oficio para tomar su declaración. Tales elementos resultan preocupantes pues ponen en perspectiva un nuevo caso de atropello y abuso por parte de la procuraduría, pero sobre todo porque constituyen un ejemplo de la indefensión en que se encuentran los ciudadanos comunes ante el ejercicio cada vez más arbitrario, discrecional e ilegal de la procuración de justicia: cabe preguntarse cuántos ciudadanos anónimos estarán atravesando en estos momentos por situaciones similares, sin contar con los reflectores mediáticos centrados en la detención de Ángeles Dauahare y Dawe González.

Por otra parte, las detenciones comentadas ocurren en el contexto de una severa descomposición de las instituciones encargadas de salvaguardar el estado de derecho, la soberanía y la integridad territorial –la propia PGR, la Policía Federal y fuerzas armadas–, como consecuencia de la guerra contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón hace más de un lustro. Así pues, si hubiese algún elemento de verosimilitud sobre los presuntos vínculos entre los militares arraigados y el crimen organizado –señalamientos que, hasta donde se sabe, no se han configurado aún en una acusación formal–, sería imposible desvincular este episodio particular del deterioro institucional referido, y quedarían confirmadas las advertencias que en su momento formularon legisladores, académicos, dirigentes políticos y activistas sociales: el involucramiento de las fuerzas armadas en tareas que les son constitucionalmente ajenas –como el combate al narcotráfico–, además de abrir un margen para atropellos contra civiles inocentes y erosionar la confianza y el respeto de los cuerpos castrenses entre la población, coloca a éstos en el riesgo de sufrir infiltraciones del narcotráfico.

Un tercer elemento de juicio es la inocultable partidización, en el curso de las dos administraciones federales recientes, de los organismos de procuración de justicia a escala federal, que se ha expresado en la invención de delitos, la fabricación de culpables y el uso faccioso de la ley con el objetivo de golpear a adversarios políticos. Tales antecedentes obligan a preguntarse si la presunción de culpabilidad de Ángeles Dauahare y Dawe González deriva de un genuino afán legalista de la PGR o si acabará formando parte de la saga de acciones judiciales facciosas, erráticas y fallidas que en su momento se cebaron contra 30 funcionarios de Michoacán, contra el ex alcalde de Tijuana Jorge Hank Rhon o contra los ex gobernadores de Tamaulipas Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández.

En suma, las detenciones comentadas arrojan una disyuntiva desoladora: o se confirma la infiltración de la delincuencia organizada en las más altas esferas castrenses de la nación, con las implicaciones que ello acarrearía para la seguridad de la población y la viabilidad del Estado mismo, o se asiste, de nueva cuenta, a un uso político e indebido de las instancias de procuración de justicia; en cualquier caso, queda de manifiesto la debacle que padece la institucionalidad política del país como consecuencia de acciones u omisiones de los gobiernos recientes, particularmente del actual.