El respeto a los derechos de la comunidad de la diversidad sexual es responsabilidad, en principio, del Estado y no de la sociedad civil; por ello, el rezago en la materia, como el caso de México, es responsabilidad de autoridades, apuntó Ricardo Bucio, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), al presentar el Informe mundial 2012 de la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA, por sus siglas en inglés) al conmemorar el Día Mundial de Lucha contra la Homofobia.

Destacó que dicho reporte parte de la perspectiva de una homofobia de Estado y señaló como reto lograr que la tendencia en favor de avances legislativos para proteger las garantías de la comunidad LGBTTTI continúe. Para ello hacen falta definiciones no sólo de la sociedad, sino de actores políticos, como el caso del presidente estadunidense Barack Obama, quien se pronunció en favor de los matrimonios homosexuales.

El informe refiere que 40 por ciento de países miembros de Naciones Unidas todavía penalizan la homosexualidad con sanciones que van desde latigazos (Irán) hasta la muerte (Mauritania, Irán, Arabia Saudita, Sudán y Yemen).

Destaca que creció la cifra de países que castigan la diversidad sexual al pasar de 76 el año pasado a 78 en este 2012 (se sumaron Sudán del Sur y Benín).

De los 113 países donde la homosexualidad es legal, sólo 55 tienen legislación contra la discriminación por motivos de orientación sexual en el lugar de trabajo; en 10 naciones gays y lesbianas disfrutan de plena igualdad en matrimonio y derechos y sólo en 12 se acepta adoptar niños por parejas del mismo sexo.

El informe fue presentado por Gloria Careaga, cosecretaria general de ILGA, quien señaló que la legislación es insuficiente para abatir los atropellos en contra de esa comunidad.

El Conapred difundió la Guía para la acción pública contra la homofobia, en la cual apremia a tipificar como agravante en la comisión de cualquier delito el que esté motivado por razones de odio hacia la diversidad sexual; reconocer la personalidad jurídica de personas transgénero y transexuales mediante reformas legislativas a los códigos civil y penal; reformar los códigos civiles y constituciones locales para legalizar el matrimonio y la adopción de parejas del mismo sexo e incluir en los libros de texto el tema de la diversidad sexual con un enfoque libre de prejuicios y discriminación.

En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a los países a adoptar e implementar medidas necesarias para erradicar la discriminación por razones de orientación sexual y expresión de género.

Señaló que algunas naciones registran avances legislativos en la materia, pero advirtió que sigue recibiendo información sobre asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias y otras formas de violencia y exclusión contra lesbianas, gays y personas trans, bisexuales e intersexuales.