yer por la mañana, autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Procuraduría General de la República (PGR) presentaron ante los medios a Daniel de Jesús Elizondo Ramírez, El Loco, presunto autor material, junto con otro individuo aún prófugo, de la masacre de 49 personas, cuyos cuerpos desmembrados fueron colocados el pasado 13 de mayo en la carretera Monterrey-Reynosa, en el municipio de Cadereyta, con el propósito de confundir a las fuerzas gubernamentales. De acuerdo con la versión oficial, Elizondo Ramírez, quien habría ingresado a Los Zetas en 2008 y participado en incursiones de ese grupo delictivo en territorio guatemalteco, fue detenido el sábado pasado en Guadalupe, Nuevo León, en el contexto de una operación de precisión, en posesión de una granada de fragmentación y un arma larga.

La información de las autoridades adolece, tal como ha sido presentada, de varios aspectos poco creíbles. El primero es la improbabilidad de que dos personas hayan podido asesinar y descuartizar a otras 50, o al menos que hayan logrado transportar los cuerpos desmembrados para abandonarlos en una carretera. Parece poco verosímil, por otra parte, que en sólo cinco días se haya logrado identificar, ubicar y detener a uno de los responsables de la masacre. Adicionalmente, resulta extraño que un criminal tan peligroso como presuntamente es El Loco –además del hecho referido, se le imputan homicidios, ataques a autoridades, secuestros y extorsiones– se haya dejado atrapar en soledad y prácticamente sin presentar resistencia.

Acaso la atrocidad ocurrida en la carretera Monterrey-Reynosa sea un hecho aislado y excepcional, pero la norma de estas operaciones de exterminio es que son complejas, cometidas por grupos altamente organizados, fuertemente armados y bien entrenados que, por lo que puede colegirse de la repetición de las masacres, no han sido desbandados, y tal vez ni siquiera debilitados, por efecto de la estrategia de seguridad y combate al crimen organizado.

Parece haber, en consecuencia, una discordancia entre la barbarie mayúscula del crimen colectivo de Cadereyta y la detención –que podría ser el prefacio a una declaración de caso resuelto– de un individuo solitario al que se responsabiliza de la ejecución de la masacre. Por añadidura, los antecedentes obligan a recordar el elevado porcentaje de supuestos delincuentes que, tras ser presentados con espectacularidad ante los medios, son declarados inocentes por las autoridades judiciales, ya sea por el desaseo en la formulación de las imputaciones, porque éstas se revelan falsas en el curso del proceso o por corrupción o temor de jueces y magistrados. El triunfalismo de las cifras oficiales en materia de detenciones y consignaciones resulta infundado cuando se compara con el número de exculpaciones por falta de pruebas o por deficiencias de la acusación.

El indeseable corolario de los asesinatos de Cadereyta y de la presentación del supuesto responsable resulta desolador: es muy probable que sigan ocurriendo episodios de extremada violencia como el referido, al menos mientras no se emprenda un viraje en la política impuesta por la actual administración para hacer frente a la delincuencia.