yer, al participar en la inauguración del cuarto Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, y en alusión a los candidatos presidenciales y al proceso electoral en curso, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Honojosa, los conminó a aclarar si van a seguir o no con la política de seguridad pública adoptada por la actual administración, si van a seguir luchando contra los criminales o no y si van a reconstruir las instituciones y forzar a quienes no las han reconstruido o no. A renglón seguido, el político michoacano sostuvo que faltan a la verdad quienes afirman que el actual problema de seguridad se soluciona con educación y empleos, y dijo que hay una disyuntiva en esa materia entre seguir enfrentando a los criminales y luchando por la seguridad o arreglarse con los grupos delictivos.

Tales declaraciones resultan equívocas tanto en la forma como en el fondo, y son, además, poco respetuosas de la investidura presidencial. En primer lugar, al apremiar a los aspirantes presidenciales a que definan si van a continuar con la política de seguridad en curso, Calderón Hinojosa parece olvidar que su administración concluye el 30 de noviembre próximo y que no tiene margen alguno para proyectar la continuidad de directriz política o económica alguna más allá del fin de su administración, sin extralimitarse en sus atribuciones legales y sin incurrir en una abierta distorsión de la institucionalidad democrática.

Si dicha pretensión es por principio inaceptable en cualquier ámbito del ejercicio gubernamental, en el caso que se comenta resulta tanto más improcedente al referirse a una de las líneas más cuestionadas, oscuras y contraproducentes del actual régimen: a contrapelo de las proclamas triunfalistas del discurso oficial, la política de seguridad adoptada por el calderonismo no sólo ha resultado ineficaz en sus objetivos de combatir a las organizaciones criminales, reducir su capacidad de fuego y de corrupción y restablecer el estado de derecho en las franjas del territorio bajo su control, sino que ha arrojado saldos catastróficos en pérdidas humanas y materiales y ha implicado un retroceso inadmisible en materia de soberanía nacional. Con tales precedentes, la intención de perpetuar en sus términos actuales la cruzada de combate al narcotráfico y el crimen organizado equivale a pedir al país y a su población que se resignen a padecer un nuevo ciclo de muertes, destrucción y catástrofe social e institucional y declive nacional, y de ejercer un poder transexenal a todas luces violatorio del marco legal y de la lógica republicana.

Pero acaso lo más grave de la alocución presidencial de ayer sea que, con ella, Calderón busque incidir en el proceso electoral en curso mediante el descrédito de uno de los contendientes: Andrés Manuel López Obrador. A fin de cuentas, sin desconocer que los cuatro aspirantes a la Presidencia de la República han tomado distancia, cada cual a su manera, de la desastrosa estrategia de seguridad en curso, ha sido el abanderado del Movimiento Progresista el que ha hecho explícita la necesidad de hacer frente a la criminalidad, la violencia y la inseguridad con una política sustancialmente distinta: ir a las raíces profundas de esos fenómenos y atender sus causas originarias –entre las que destacan la pobreza y falta de empleo y educación–, y es lógico inferir, por tanto, que los destemplados dichos calderonistas están fundamentalmente dirigidos al abanderado presidencial de las izquierdas.

En suma, con las expresiones de ayer, Calderón se coloca en una línea de acción no muy distinta a la que adoptó hace seis años Vicente Fox para favorecer la candidatura presidencial de su partido, que fue considerada en su momento por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como una serie de intromisiones graves que pusieron en riesgo la validez de la elección, y que resultó, a la postre, uno de los componentes principales del déficit de legitimidad que la actual administración ha arrastrado desde su origen.