“Nada ni nadie debe estar y quedar por encima de la ley (…) Todas, absolutamente todas las acciones y avances de la Procuraduría General de la República (PGR) se inscriben en el gran objetivo nacional de abatir la impunidad”, afirmó la titular de esa dependencia, Marisela Morales Ibáñez, durante su participación en el cuarto Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, que dirige la Red Nacional de Organizaciones Civiles.

Expuso que desde su llegada a la PGR –en abril de 2011–, su principal encomienda ha sido buscar los mecanismos para abatir la corrupción y la impunidad de los agentes del Ministerio Público Federal, y para ello se están elaborando 168 protocolos de actuación con el propósito de que se impida que los servidores públicos de esa institución actúen contrarios a derecho.

Estos mecanismos entrarán en operación en junio próximo.

Durante el encuentro con especialistas en seguridad pública y derecho, así como con funcionarios judiciales y de procuración de justicia, Morales Ibáñez mencionó que ninguna coyuntura, ningún caso o circunstancia, por difícil que parezca, la alejará del proceso de profesionalización y depuración que vive desde hace 14 meses la institución que dirige. Aseguró que solamente así se podrán atender los reclamos de una mejor justicia.

Durante el encuentro, informó que el gobierno de Estados Unidos apoya a la PGR en el denominado Plan Diamante, que consiste en capacitar a peritos, agentes del Ministerio Público Federal y elementos de la Policía Federal Ministerial para operar el nuevo modelo de justicia penal.

Gilberto Higuera Bernal, director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública federal, indicó que la Policía Federal es una institución que podrá sumarse con eficiencia y eficacia al nuevo sistema de justicia penal.

Por otra parte, durante el foro se dijo que la aplicación del sistema penal acusatorio en Chile y cinco estados de la República mexicana (Chihuahua, Oaxaca, estado de México, Zacatecas y Morelos) permite disminuir los costos de la aplicación de la justicia, los tiempos en que se dicta sentencia y también los periodos en que la víctima y el acusado pueden llegar a acuerdos para la reparación del daño.

Asimismo, disminuyen los casos en los que se aplica la prisión preventiva sin sentencia y el encausamiento penal para desahogar los procedimientos penales, lo cual disminuye la población penitenciaria acusada de delitos no graves.

Coincidieron en este punto Guillermo Zepeda Lecuona, investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, y Javiera Blanco Suárez, directora ejecutiva de Fundación Paz Ciudadana de Chile.