La situación de los defensores de derechos humanos en el continente americano ha empeorado en seis años, lo que es motivo de grave preocupación. Cotidianamente los activistas están en riesgo debido a que en muchas ocasiones su labor es criminalizada, los estados no garantizan su seguridad y los delitos en su contra permanecen en la impunidad, sostuvo José de Jesús Orozco Henríquez, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Al presentar el segundo informe de ese organismo sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, indicó que los principales obstáculos para la labor de los activistas son asesinatos, ejecuciones extrajudicales y desapariciones forzadas, que han crecido en comparación con lo reportado en el primer informe de 2006.

Estas agresiones aumentaron sobre todo en países donde se produjo un quiebre en el orden democrático, en los que enfrentan un conflicto armado interno o problemas acentuados con el crimen organizado y donde hay actividad de gran poder económico como las empresas que lideran proyectos de las industrias extractivas.

Para el también relator para defensores de la CIDH una de las consecuencias más graves de los delitos contra los activistas es el mensaje intimidatorio que se envía a la sociedad. Estos actos están dirigidos a causar temor generalizado y, por consiguiente, a desanimar a los demás defensores. También pretenden atemorizar y silenciar las denuncias, reclamos, reivindicaciones de las víctimas, alimentando la impunidad e impidiendo la plena realización del estado de derecho y la democracia.

El reporte de la CIDH, que puede ser consultado en la página electrónica del organismo, asienta que los defensores de garantías fundamentales en la región también enfrentan constantes agresiones, amenazas, estigmatizaciones, entre otros actos de hostigamiento contra de su integridad personal.

Entre otros elementos persistentes en varios países de América se mencionaron los seguimientos a defensores y familiares; la vigilancia a las sedes de sus organziaciones, residencias o lugares de trabajo; los allanamientos a sus domicilios; cateos y actividades de inteligencia arbitrarias o abusivas como la intercepción ilegal de la correspondencia y de las comunicaciones telefónicas y electrónicas.

Orozco lamentó que la criminalización del trabajo de los activistas se presente de forma sistemática y reiterada con acciones penales sin fundamento en su contra. En diversos estados persiste la impundiad en los procesos relacionados en las denuncias que involucran la responsabilidad de agentes estatales y de particulares en contra de defensores y sus organizaciones.

En la presentación del informe participaron integrantes de diversas organizaciones, quienes comentaron su contenido y la situación actual que enfrentan en el país.

Luz Estela Castro, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Ciudad Juárez, y Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, recordaron que por el riesgo que enfrentan los activistas en México hay casos de exilio temporal, como recientemente ocurrió con el padre Alejandro Solalinde, defensor de migrantes.

Barrera subrayó que el informe de la CIDH pone énfasis en dos detalles que deben ser resaltados: criminalización e impunidad, pues con la primera se genera una persecución oficial contra los activistas y la segunda provoca que los crímenes en su contra se sigan repitiendo.