El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la amonestación pública que el Instituto Federal Electoral (IFE) había impuesto a Andrés Manuel López Obrador por incurrir en actos anticipados de campaña durante su mensaje del 22 de marzo, después de registrarse como candidato a la Presidencia de la República.

En el proyecto elaborado por el magistrado Manuel González Oropeza –aprobado por seis votos a uno, sólo con la oposición de María del Carmen Alanís– se argumenta que el discurso del candidato ocurrió en un acto cerrado (sin acceso al público en general), que contó con la autorización y control del IFE para que se desarrollara en la explanada del organismo y frente a mil personas.

Al encuentro asistieron militantes de los partidos políticos que postulan a López Obrador y no se comprobó que hubiera llamado implícito o explícito al voto, sino un enfoque propio del registro de una candidatura partidista, coincidieron los magistrados.

La amonestación pública del IFE –emitida el 18 de abril pasado, en una votación dividida de cinco a cuatro– incluyó al candidato presidencial y a los tres partidos que integran la coalición Movimiento Progresista: Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano.

Estos partidos pidieron autorización para que se realizara la actividad partidista en las oficinas centrales del IFE, según consta en la carta entregada por la coalición al secretario particular del consejero presidente del instituto.

En la misiva, los partidos explican que irían mil invitados, cuando el auditorio tiene capacidad para 300 personas. Se precisa que todos entrarán con rigurosa invitación y no habría pancartas.

El caso provocó un largo debate entre los magistrados. El ponente subrayó que era evidente que (el mensaje) no sería acerca de poemas tabasqueños sino político, propio de un candidato.

El magistrado Flavio Galván expuso que si el IFE proporciona todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, si propicia y autoriza esta conducta, ¿cómo puede sancionar lo autorizado?

Mencionó que incluso cuando Andrés Manuel López Obrador hubiera pedido el voto de los presentes no se configuraría acto anticipado porque fue un acto interno, autorizado por el IFE.

En cambio, Alanís adujo que la autorización del IFE fue para la concentración, pero no para salirse de la ley. No hay una justificación, razón para que el candidato se apartara del protocolo, dijo.

En su turno, el magistrado Pedro Esteban Penagos resumió: El caso borda sobre el tejido fino de la impartición de justicia.

La pregunta es, apuntó, ¿se puede sancionar cuando el IFE autoriza dirigirse a sus invitados, a la prensa, dentro de las instalaciones del instituto, después de su registro como candidato?

El magistrado presidente, Alejandro Luna Ramos, dijo que dicho acto no fue de libre tránsito a la ciudadanía en general, sino a los integrantes de los partidos postulantes, lo que denota una característica especial, intrapartidista.

Los magistrados Salvador Nava y Constancio Carrasco también votaron a favor y resaltaron que para juzgar es necesario tomar en cuenta el contexto en el que se dan los hechos.

En otro tema, durante la sesión de ayer los magistrados revocaron otras resoluciones del IFE; una de éstas había sancionado a diputados del Partido Verde por gastos anticipados de campaña, difundidos como parte de sus informes de gestión relacionados con la pena de muerte y vales de medicinas.

También discutieron, con base en una queja del PRI en contra de la candidata presidencial del PAN y su mensaje en instancias educativas, acerca de los alcances de actos clasificados como académicos durante el periodo previo al arranque de campañas proselitistas.

Por su parte, Flavio Galván dijo que un acto, pese a que se clasifique como académico, puede ser altamente político.

El magistrado Nava lamentó la norma actual que restringe los mensajes políticos. El exceso de normatividad está matando a la política, advirtió.