on el propósito de informar a la ciudadanía, y en lo posible mejorar la calidad de las campañas, distintas organizaciones civiles han venido realizando diversos ejercicios de evaluación de las propuestas de la candidata y candidatos a la Presidencia de la República. Dada la emergencia nacional en que se encuentra el país, me referiré de manera sucinta a las conclusiones de la revisión y análisis de las plataformas que registraron en el IFE sobre seguridad y justicia, que desde el 3 de abril viene haciendo el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD). En primer lugar se identifica su diagnóstico, para saber qué análisis hacen de la problemática; se revisan enseguida las propuestas, evaluando no sólo los fines que pretenden alcanzar, sino sobre todo la manera concreta que piensan aplicar para conseguirlos: planes y políticas públicas. Finalmente, se valora la viabilidad e innovación de las propuestas desde la perspectiva de los derechos humanos, bajo la consideración de que éstos son fundamentales en cualquier política de gobierno en materia de seguridad y justicia. Desde ya, vale la pena hacer notar que, según este estudio, sólo en la plataforma registrada en el IFE por la Coalición Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano) hay una mención explícita sobre el respeto a los derechos humanos, y que en general todas las propuestas presentadas por los partidos adolecen de falta de vinculación con los derechos humanos, así como de las formas y plazos con que quieren lograr sus propósitos. Además de que no se inscriben en la transformación de las instituciones que desde hace más de 10 años se requieren en México para transitar hacia la democracia, lo que hace evidente que entre la mayoría de los candidatos no hay conciencia de que una política exitosa y duradera es la en los derechos humanos.

Frente a las propuestas que plantean incrementar sustantivamente el número de efectivos de la policía federal (con o sin cambio de nombre), o bien dotar de autonomía a los ministerios públicos, el IMDHD, con realismo, observa por un lado que ello traería consigo complicaciones particulares, como el presupuesto y el tiempo que se necesita para sostener la capacitación y homologación de las condiciones laborales de los cuerpos policiacos, y, con atingencia, hace notar, por otro, que la autonomía del ministerio público no significa por sí misma una transformación estructural de la procuración de justicia. Todo ello, sin dejar de observar también con preocupación que pareciera que para la Coalición Compromiso por México, el Partido Acción Nacional y el Partido Nueva Alianza es suficiente aumentar el número de policías, así sea mejor calificados, incluso, como se ha dicho, con disciplina militar, para garantizar seguridad.

Una dificultad semejante a las anteriores encontramos en las propuestas de crear más instancias para el combate a la corrupción y al narcotráfico, lo que, además de engrosar la burocratización y el presupuesto, duplicaría funciones con otras áreas de la administración pública. El IMDHD señala también con perspicacia que todavía hace unos meses las víctimas de la violencia y del delito estaban presentes y aparecían como prioridad para los futuros gobiernos, pero hasta hoy ni el candidato de la Coalición Compromiso por México ni la candidata del Partido Acción Nacional han concretado ninguna respuesta para hacer efectiva esa prioridad. Al aspirante del Partido Nueva Alianza ni siquiera le merecen mención alguna. En el mismo sentido, tampoco se ofrecen propuestas específicas para problemas acuciantes, como la búsqueda de miles de personas desaparecidas, la investigación pronta y adecuada de los cada vez más numerosos feminicidios, o bien qué se hará para que las más de 60 mil víctimas de la actual estrategia pasen del anonimato a su identificación personal, se conozcan las causas de cada una de esas muertes, y qué tipo de acciones se llevarán a cabo para revertir el desplazamiento forzado que está provocando la violencia.

Sólo el candidato de la Coalición Progresista se refiere a las víctimas de desaparición forzada y de las violaciones a los derechos humanos, aunque no precisa exactamente qué hará por ellas. Otro tema ausente en las propuestas de todos los aspirantes es el fuero militar. Como señala el IMDHD, el asunto es urgente, porque de manera por demás arbitraria y sintomática no se aprobó su reforma en la anterior Legislatura federal, y entre los diferendos se argumentaron la presunta existencia de tribunales especiales y el alcance de la justicia civil. Para la comunidad de derechos humanos en México es urgente que los candidatos y la candidata se definan al respecto, pues de otra manera no podemos creer que sean diferentes o busquen el cambio verdadero. No se encuentran tampoco propuestas precisas para saber cómo harán frente al grave problema de impunidad en materia de derechos humanos. Una vez más, sólo el candidato de la Coalición Movimiento Progresista, quien afirma que el Estado dejará de ser el principal violador, hace mención de este asunto, aunque no precisa cómo concretarlo. “Como última conclusión –con lucidez, expresa el IMDHD– se puede decir que ningún candidato ha presentado al día de hoy una propuesta totalmente articulada para asegurar la paz, disminuir la violencia, combatir al narcotráfico y la corrupción, y acabar con la impunidad en todos los ámbitos y niveles”. Por tanto es indispensable que tomen en cuenta la opinión de la sociedad, de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y del delito, y las sentencias y recomendaciones que en materia de derechos humanos han hecho la ONU y la OEA a México.