El diputado local Jorge Palacios detalló que de 2005 a la fecha se han incrementado en más de 400 por ciento las quejas ciudadanas por el servicio de grúas en esta capital, principalmente por cobros indebidos o por llevarse los vehículos pese a que estaban estacionados en lugares permitidos.

De acuerdo con el integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos de la Asamblea Legislativa (ALDF), las cifras de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) indican que en promedio mensual mil 50 vehículos son llevados a los corralones de la ciudad de México.

Incluso, puntualizó que tan sólo de diciembre de 2006 a diciembre de 2010, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) recaudó más de mil 295 millones 406 mil pesos por concepto de multas a automovilistas, cuyas unidades fueron remitidos al corralón.

En este lapso, un millón 564 mil 500 vehículos fueron remitidos a los 39 corralones o depósitos vehiculares con que cuenta la Secretaría de Transporte y Vialidad (Setravi). Si tomamos como base el monto de 299 pesos por concepto de infracción, y los 529 pesos por el pago de derechos de arrastre del vehículo, en cuatro años ingresaron a las arcas del GDF, por ambos conceptos, al menos 869 mil 400 pesos diarios, lo que da un total de mil 295 millones 406 mil pesos en mil 490 días, precisó.

Frente a esa situación, Palacios Arroyo destacó que de manera institucional la ALDF exigió a los titulares de SSP-DF, Manuel Mondragón, y Setravi, Armando Quintero, implementen un sistema de aviso o señalamiento que proporcione de manera oportuna información al automovilista sobre la remisión de su auto al corralón.

“Los oficiales encargados de las grúas –dijo– deberán fijar un engomado a la guarnición o a la banqueta, justo en el lugar en donde se encontraba estacionado el vehículo, en el que se indique la hora, motivo de la infracción, número de placas del automóvil y la dirección del depósito vehicular al que será remitido, lo que agilizará el proceso de liberación de los vehículos que son retirados de la vía pública por las grúas del control vehicular y evitaría la incertidumbre del ciudadano ante la posibilidad de un robo”.