La venta clandestina de madera y saqueo de los bosques de Villa Milpa Alta ha generado la desconfianza de la comunidad del pueblo de San Pablo Oztotepec. Destituyeron al representante comunal, Prócoro Orenda Llanos, y solicitaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) derogar la autorización que dio para el uso doméstico de árboles, que ha servido de pretexto para su comercialización ilegal.

El pasado 10 de junio, en el poblado repicaron las campanas de la iglesia. El llamado convocó a la comunidad para pedir que se relevara la representación auxiliar comunal y para solicitar a Semarnat que deje sin efecto el programa de aprovechamiento de madera, que se autorizó en febrero de 2010 luego del derribo de cientos de troncos a consecuencia de los ventarrones que hubo en el Distrito Federal.

La respuesta de Semarnat llegó a la representación general de bienes comunales de Villa Milpa Alta el pasado miércoles. El oficio, dirigido a Julián Flores, representante de la comunidad, no especifica que el programa fue anulado, por el contrario, deja en manos de la comunidad la decisión de continuar con el proyecto.

A decir de los comuneros de San Pablo Oztotepec, Francisco García García, director general de gestión forestal y de suelos de Semarnat, se comprometió a la suspensión del referido programa y establecer que a partir de la notificación oficial se tipificaría como delito cualquier extracción de madera de los bosques de la delegación.

El saqueo y la tala de árboles no sólo se ha denunciado en el referido poblado, también se ha hecho en San Salvador Cuautenco, Santa Ana Tlacotenco y otros; ante ello, la representación general, a cargo de Julián Flores, buscará al funcionario federal para que aclare el sentido del documento.

Los comuneros recordaron que en 2011 se suscitó un fuerte enfrentamiento entre policías federales y comuneros, pues se intentó detener a un grupo de personas que se dedicaba a la tala. La zona boscosa se ha llenado de aserraderos clandestinos que no pueden ser combatidos debido a la autorización de la dependencia federal.