Zacatecas, Zac., 19 de junio. Por tercera ocasión desde que se instauró en Zacatecas el sistema de justicia penal alternativa –mejor conocido como de juicios orales–, el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) solicitó al Congreso local una prórroga para que ese modelo entre en vigor en 2013 en los distritos judiciales de Calera y Fresnillo, que debían aplicarlo a partir del primero de julio, y para 2014 y 2015 en el resto de los 18 distritos judiciales de la entidad.

Este martes se presentó ante el pleno de la legislatura, a petición del presidente del TSJE, Juan Antonio Ruiz Castañeda, una iniciativa del gobernador Miguel Alonso Reyes para reformar el segundo artículo transitorio del Código Procesal Penal de Zacatecas y autorizar dicha prórroga.

En la misma propuesta se argumentó que el decreto promulgado el 27 de junio de 2009 ofrecía un tiempo demasiado corto para aplicar el nuevo sistema y hacer cambios profundos a las estructuras de varias instituciones involucradas en la investigación, procuración y administración de justicia, para dar paso a la formación y capacitación de los nuevos operadores del sistema de justicia penal.

Los primeros juicios orales en la entidad se efectuaron en enero de 2009 en el distrito judicial de la capital de Zacatecas y en el municipio conurbado de Guadalupe. Seis meses después, su implementación gradual en los 17 distritos judiciales restantes se reprogramó para principios de 2012, porque la Federación fijó 2016 como límite para aplicarlo en todo el país.

A finales de 2011 se reprogramaron para julio de 2012, por retrasos en la capacitación de personal y fallas en la operación de los juicios orales en el distrito judicial de Zacatecas y Guadalupe.

Por lo pronto, el Poder Judicial de Zacatecas ha gastado más de 700 millones de pesos en la instauración del sistema desde 2009, no sólo en infraestructura, sino también para capacitar jueces, secretarios de acuerdos, agentes del Ministerio Público, abogados, peritos y demás personal del TSJE y de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

En tanto, alrededor de 25 peritos, expertos en criminología y criminalística, protestaron este martes en el estacionamiento de la PGJE para exigir homologación y aumento salariales.

Los inconformes aseguraron que desde hace 10 años reciben los mismos salarios, y algunos cobran apenas mil 800 pesos quincenales, mientras su trabajo se ha incrementado 300 por ciento. Además, arriesgamos la vida cada que salimos a una escena de crimen, acotó uno.

Mientras, el gobernador presentó un decreto de reforma integral al Código Penal de Zacatecas, que incluye la tipificación de delitos como feminicidio y facilitación delictiva –término usado para referirse al espionaje al servicio de la delincuencia organizada–, así como ilícitos contra la seguridad en los medios informáticos o magnéticos. También se tipifica el lavado de dinero.