Washington, 20 de junio. El presidente estadunidense Barack Obama invocó este miércoles el privilegio del Ejecutivo para justificar el rechazo a entregar documentos sobre el escándalo de tráfico de armas a México, caso que podría llevar al Congreso a declarar al fiscal general en desacato.

La decisión del gobierno de Obama, que alegó que entregar ciertos documentos atentaría contra la independencia del Ejecutivo, fue notificada al Congreso mientras un comité legislativo debatía si declaraba al fiscal general, Eric Holder, en desacato por negarse a compartir esa información.

La oposición republicana afirma que los documentos son claves para determinar los responsables y a qué nivel del gobierno de Obama se tenía conocimiento de la operación Rápido y furioso, que entre 2009 y 2010 permitió la entrega ilegal de unas 2 mil armas a cárteles mexicanos.

La operación, lanzada por la Agencia Federal para el Alcohol, el Tabaco y las Armas (ATF, por sus siglas en inglés) en un intento por rastrear el armamento hasta personas de peso dentro de los narcocárteles, provocó un gran escándalo en México.

La ATF perdió la pista de varias de esas armas y dos de ellas aparecieron en la escena del asesinato del agente fronterizo estadunidense Brian Terry en diciembre de 2010, lo que desató el escándalo y llevó a la suspensión del programa.

La entrega de estos documentos bajo presión al Congreso (...) tendría consecuencias significativas y desastrosas, alegó James Cole, fiscal general adjunto, en la carta enviada al presidente del comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, el republicano Darrell Issa.

Esta es la primera vez que Obama invocó sus privilegios dentro de una investigación del Congreso. Su antecesor, George W. Bush, lo hizo seis veces.

Holder afirma que ha colaborado con el comité y que su oficina ha entregado más de 7 mil 600 documentos, e incluso asistió a una reunión la noche del martes para tratar de llegar a un acuerdo, que sin embargo fracasó.

Necesitamos respuestas ahora, no después, afirmó Issa durante la sesión en su comité que estudiaba este miércoles si declaraba en desacato a Holder.

Los republicanos fustigaron en duros términos a Holder, que ha testificado hasta en nueve oportunidades en el Congreso, y el legislador Raúl Labrador llegó a afirmar que el fiscal general debía renunciar por haber engañado al comité.

Pero los demócratas defendieron a Holder y denunciaron una caza de brujas con fines políticos en este año electoral.

Issa afirmó que los esfuerzos republicanos no tenían motivación política, sino estaban dirigidos a identificar a los responsables.

Tanto el presidente Barack Obama, que ha reconocido que el operativo Rápido y furioso estaba plagado de errores, como Holder afirman que no estaban al tanto de la operación.