La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) definirá el próximo lunes si solicita la ampliación del arraigo de los generales Tomás Ángeles Dauahare y Roberto Dawe González, quienes son investigados por presuntos nexos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

A más tardar el próximo día 27, el Ministerio Público Federal deberá definir la situación jurídica de los dos militares, y de acuerdo con funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), si no se han consolidado las pruebas obtenidas para ponerlos a disposición de un juez, la Siedo podría solicitar la ampliación de la medida de arraigo, con lo cual llegaría al tiempo máximo que autoriza la Constitución.

El 15 de mayo personal de la Policía Judicial Federal Militar detuvo al ex subsecretario de la Defensa Nacional, Ángeles Dauahare al sur de la ciudad de México, y al general Roberto Dawe el alto mando de la Sedena le ordenó que se trasladara de Colima a la ciudad de México, donde fue aprehendido.

Para el día 17 de mayo, un juez federal concedió a la Siedo la medida cautelar de arraigo por 40 días en contra del general retirado Tomás Ángeles Dauahare, y el general brigadier Roberto Dawe González, que en esas fechas era comandante jefe de Estado Mayor de la 20 Zona Militar, con sede en Colima.

La definición de situación jurídica podría alcanzar también al general Ricardo Escorcia, ex jefe de la 24 Zona Militar con sede en Cuernavaca, y al teniente coronel Silvio Hernández Soto, también presuntamente involucrados en una red de protección para el cártel Beltrán Leyva en entidades como Sinaloa, Morelos, Chihuahua, Quintana Roo, Tabasco y Puebla.

Lo anterior como parte de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010, por delitos contra la salud y delincuencia organizada, en la cual el general Ángeles Dauahare ha denunciado que la PGR ha obtenido testimonios inventados para inculparlo de actos que no cometió.