El general de división en retiro Tomás Ángeles Dauahare, ex subsecretario de la Defensa Nacional y sujeto a un arraigo de 40 días por sus presuntos vínculos con el cártel de los Beltrán Leyva, solicitó al presidente Felipe Calderón que reconsidere su situación jurídica, porque su caso puede dejar un precedente negativo que afecte a escala internacional la imagen de las instituciones de procuración de justicia mexicanas.

Mediante una carta que envió desde el centro de arraigos de la Procuraduría General de la República (PGR) a Los Pinos, por conducto de sus abogados, el militar sujeto a investigación ministerial, aseguró al Presidente de la República que todos los testigos que han declarado en su contra son de oídas, además de que sus manifestaciones son inverosímiles y mentirosas, por lo que carecen de sustento jurídico.

Me permito manifestar que a la luz de nuestro sistema jurídico, y aún más, de nuestro estado de derecho, no es dable tener por ciertos los testimonios de personas sin constatar los hechos materia de su narración; máxime si existen pruebas en contrario, puntualizó quien hasta 2008 fue el segundo militar de importancia dentro de la estructura orgánica de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El divisionario, quien según fuentes castrenses consultadas por La Jornada destacaba como probable sucesor del general Guillermo Galván Galván al frente de la Sedena, dijo a Calderón que de permanecer privado de la libertad, sobre la base de declaraciones aisladas, contradictorias, no corroboradas y por demás insuficientes a la luz de nuestro derecho, tanto penal como constitucional, atentaría gravemente contra la seguridad y certeza jurídica de cualquier gobernado en el territorio nacional, ante la posibilidad fáctica de ser sometido al poder político del Estado mediante pruebas carentes de sustento jurídico alguno.

La misiva de tres cuartillas, de la cual tiene copia este diario, fue redactada como un documento de agravios jurídicos con los que el divisionario busca desacreditar las imputaciones que en su contra hicieron testigos protegidos y algunos militares actualmente detenidos.

El general aseguró que “el 16 de mayo de 2012, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) hizo de mi conocimiento las siguientes imputaciones: 1) una denuncia anónima por vía telefónica de fecha 17 de marzo de 2010; 2) la declaración ministerial del testigo protegido con clave Jennifer; y 3) la declaración ministerial del mayor Iván Reyna Muñoz.

“Por otra parte, a mis defensores particulares les fue mostrado en fotocopia simple y por separado del expediente que conforma la indagatoria, la declaración ministerial del testigo protegido con clave Mateo.

“De la declaración del testigo Jennifer se desprende que éste afirmó jamás haberse reunido conmigo de manera personal; aun más, manifestó no conocerme. Según el testigo, una persona le comentó que yo recibía la cantidad de 500 mil dólares mensuales a cambio de filtrar información privilegiada al crimen organizado. Sobre el particular, resta decir que el testimonio de oídas carece de valor probatorio alguno, en términos de los últimos criterios adoptados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.”

El general también desacreditó los dichos de oídas del testigo Mateo, pues aseguró que son totalmente falsas e inverosímiles sus afirmaciones de que Ángeles Dauahare recibió 5 millones de dólares en una reunión en el Distrito Federal realizada en julio de 2008, puesto que en esa fecha el militar estaba en una gira de trabajo en Alemania, lo que puede comprobar con su pasaporte.