Nueva York, 24 de junio. La operación Rápido y furioso no sólo es un escándalo en el que se agentes estadunidenses autorizaron el ingreso de unas 2 mil armas a México; ahora, en medio de un año electoral, tiene menos que ver con la lucha antidrogas en México y más con una magna pugna política entre republicanos conservadores y el gobierno del demócrata Barack Obama.

A la vez, políticos conservadores ahora utilizan el escándalo como un intento disfrazado no para limitar la compra y uso de armas, sino todo lo contrario.

Esta semana, la Cámara de Representantes, bajo control republicano, ha programado un voto de desacato contra el procurador general Eric Holder. Si se lleva a cabo sería la primera vez en la historia que la cámara haga eso con el abogado en jefe del gobierno federal. Lo acusan de no haber cooperado plenamente en entregar toda la documentación oficial sobre el manejo de la fallida operación Rápido y furioso. Al aumentar la intensidad del conflicto, Obama empleó su poder para declarar que esos documentos están protegidos por el llamado privilegio ejecutivo y por lo tanto no pueden ser entregados.

Jugada riesgosa

La jugada de los republicanos es riesgosa, pues podría reforzar la imagen de que están más interesados en atacar al gobierno de Obama que en investigar en verdad como falló la operación, lo cual acusan los demócratas. Mientras, el gobierno de Obama arriesga la percepción de que sí intentan ocultar lo que ocurrió y quién fue responsable.

De hecho, el escándalo de Rápido y Furioso podría mejor ser llamado lento y curioso. La investigación legislativa sobre la operación, que duró de 2009 a 2011, se inició hace un año, encabezada por el representante republicano Darrell Issa y su correligionario el senador Charles Grassley. El escándalo detonó cuando un agente de la agencia federal de Aduanas y Control Fronterizo Brian Terry murió en una balacera en Arizona, en diciembre de 2010, y se encontraron dos rifles AK-47 comprados bajo supervisión de la operación. Fue en ese momento cuando Obama ordenó una investigación interna dentro del Departamento de Justicia.

La operación, cuyo propósito fue permitir la compra y transporte de armas de tiendas en Arizona con el propósito de rastrearlas y así llegar a los jefes del crimen organizado mexicano, se realizó, según oficiales de su país, sin aval de las autoridades mexicanas. De las 2 mil armas, los agentes estadunidenses perdieron de vista más de mil 700. Esta operación, sin embargo, no fue la primera de su tipo: dos operaciones parecidas se realizaron durante la presidencia de George W. Bush y de hecho ésta formaba parte de un proyecto de seguridad pública iniciado en su gobierno anterior. Pero sí se destacó por el número de detalles que la convirtieron en un fracaso, llegando a tal nivel que Kenneth Melson, director en funciones de la agencia encargada, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF), renunció a su cargo en 2011.

Todo esto fue un regalo político para los republicanos. Incorpora todo lo que ellos desean: una operación mal diseñada bajo el mando de una agencia que odian –la ATF–, por ser la encargada de aplicar las leyes de por sí débiles para el control de armas (con lo cual violan, según la ultraderecha, el derecho sagrado de adquirir, portar y usar armas de fuego en este país); esa agencia está dentro del Departamento de Justicia, encabezado por un procurador, Holder, que es percibido como liberal peligroso, quien trabaja para el gobierno de Obama, que ha sido llamado por el representante Issa (quien encabeza la investigación legislativa de Rápido y furioso como presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental) el más corrupto de la historia. Más aún, fue una iniciativa que tiene que ver con los siempre sospechosos y peligrosos mexicanos en ambos lados de la frontera.

Parte del manejo político de los republicanos, según reporta Andrew Cohen en The Atlantic, se revela en el hecho básico de que los legisladores sólo se han enfocado sobre el tránsito a México de las 2 mil armas bajo esta operación, pero jamás mencionan las decenas de miles de armas más que cruzan sin cesar a México desde Estados Unidos. La Campaña Brady para Prevenir la Violencia con Armas de Fuego, dedicada a promover el control de las mismas, señala que las 2 mil implicadas en este asunto representan sólo 3 por ciento del total de las que se adquieren en Estados Unidos con destino a México.

Según las últimas cifras de la ATF, más de 68 mil armas recuperadas de manos criminales en México fueron adquiridas en Estados Unidos.

Hipocresía extrema

La Campaña Brady, que ha criticado la operación, pregunta dónde está la preocupación de los republicanos por el otro 97 por ciento de las armas adquiridas en Estados Unidos y transportadas a México a lo largo de los últimos 4 años. No sólo eso, sino que acusa a los republicanos de bloquear los esfuerzos modestos del gobierno de Obama por detener la compra múltiple de armas semiautomáticas en la frontera sin previa autorización de la ATF.

Esta es la hipocresía extrema. Se pierden vidas todos los días por las medidas que estos legisladores rehúsan tomar. Es una vergüenza, afirmó Dan Gross, presidente de la Campaña Brady, a The Atlantic.

Mientras, figuras republicanas y poderosas organizaciones pro armas privadas han utilizado el escándalo para sus propósitos. Wayne LaPierre, presidente de la Asociación Nacional del Rifle, ha llamado lo ocurrido con Rápido y furioso el encubrimiento más grande desde Watergate, mientras influyentes legisladores, incluyendo los senadores Marco Rubio y John Cornyn, entre otros, han llamado a la renuncia del procurador Holder.

Junto con todo esto, algunos conservadores sospechan que detrás de Rápido y furioso hay una conspiración extraordinaria por el gobierno de Obama: varios legisladores, Issa y Grassley entre ellos, han expresado la sospecha de que la operación falló a propósito, pues su objetivo real era generar más sangre y violencia vinculada con armas estadunidenses y, con ello, justificar promover medidas de mayor control sobre armas que desea este gobierno, lo que se percibe por conservadores como un intento de violar sus derechos constitucionales a las armas.

Pero el mayor enfoque ha sido no el control del flujo de armas a México, sino el ataque contra el gobierno de Obama. Los republicanos insisten en que lo único que buscan es una rendición de cuentas sobre quien sabía qué y cuándo. La Casa Blanca y el Departamento de Justicia insisten en que ha cooperado plenamente con la investigación de los legisladores, aportando más de 7 mil 600 páginas de documentos.

El 20 de junio, Issa convocó una votación de su comité para citar a Holder por desacato, y ahora el liderazgo de la cámara amenaza con realizar una votación sobre el asunto ante el pleno si el gobierno de Obama continúa rehusando entregar más documentos solicitados.

Todo lo cual ha convertido este escándalo en algo que tiene poco que ver con el control de armas y la violencia y más con una pugna para propósitos electorales en Estados Unidos.