En vísperas del cierre de las campañas, la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) ha verificado in situ más de 150 mítines de candidatos presidenciales y detectado 21 mil 500 espectaculares, y tiene en curso 17 quejas relacionadas con operaciones financieras de los partidos. El responsable de la fiscalización, Alfredo Cristalinas, afirma que se buscará agilizar las investigaciones, porque no habrá un tratamiento político de las quejas, pero dependen de cuestiones técnicas.

En entrevista, Cristalinas subraya la innovación de reformas legales que, por primera vez en una elección presidencial, permiten a la autoridad dar seguimiento a las operaciones financieras e inhibir, en lo posible, rebases de topes de campaña. “Tenemos un sistema que se llama Siara, en el que la Unidad de Fiscalización introduce las peticiones a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que en los plazos previstos –hasta 30 días hábiles– remite la respuesta electrónicamente”.

–¿Hay una deficiencia en la ley que impide evitar que se rompa la equidad de la contienda con los gastos de campaña?

–Aún hay mucho por hacer en la revisión de gastos de campaña. Se deben reducir los plazos de entrega de los informes. La Unidad de Fiscalización tiene condiciones materiales para procesarlos más rápidamente, pero hay que construir el mecanismo legal. Es un modelo en proceso de construcción.

–En las condiciones actuales, ¿el modelo de fiscalización inhibe la inequidad, cuando los informes se revisan en enero y no impactan en el resultado de la elección presidencial?

–Sí la inhibe, porque la percepción de riesgo de ser detectados se ha incrementado en los partidos políticos. Incluso ahora, cuando hay un viso de duda sobre el financiamiento, han sido los propios equipos de los candidatos presidenciales quienes han solicitado a la unidad auscultar sus cuentas. Si no confiaran en que hay una autoridad imparcial y en la labor técnica, buscarían otras instancias.

Cristalinas mencionó que las auditorías in situ han funcionado para inhibir que no se reporten gastos y cita ejemplos: en el cierre de campaña del candidato de Compromiso por México en el estadio Azteca se desplegaron 40 auditores, y una cantidad similar en la concentración de la panista Josefina Vázquez Mota en la Plaza México. Aseveró que el despliegue de auditores en los mítines de los aspirantes presidenciales permite a la Unidad de Fiscalización estimar gastos de su realización a partir de las estimaciones de asistencia: se pueden calcular los utilitarios regalados –gorras, camisetas, etcétera–, el uso de mobiliario, sonido y autobuses para calcular el costo del mitin.

Subrayó que una de las principales herramientas para verificar el gasto es que los partidos están obligados a bancarizar la mayor parte de sus operaciones y solamente pueden usar efectivo en gastos menores a 6 mil pesos. Hasta ahora, de una revisión inicial de los dos informes de gastos de campaña preliminares entregados no se han detectado movimientos irregulares, sólo faltas formales, pero no se ha recibido aún la información solicitada a la CNBV, instancia que, precisó, ha colaborado ampliamente en las cientos de veces que abarcan a miles de involucrados en procesos de fiscalización por la facilidad del Instituto Federal Electoral de allanarse a los secretos bancario y fiscal.

Destacó que en el proceso actual han dado seguimiento a las principales cuentas de partidos e incluso a las personales de los candidatos para verificar las operaciones de ingreso-gasto de los partidos. Subrayó que de ser el caso y detectarse que hay movimientos en cuentas de familiares, también se les dará seguimiento.

El responsable de la fiscalización adelanta que pugnarán por que las 17 quejas hasta ahora presentadas –no hay rezago de 2011, todas son de 2012– se desahoguen antes de que se aprueben los informes de gastos de campañas en enero de 2013. Sin embargo, precisa que en cualquier caso dependerá de las complejidades técnicas de cada una, recordando que el plazo legal máximo es de 5 años.

Ante demandas del Movimiento Progresista por seguir los gastos de Peña Nieto desde 2005, dijo que la legislación limita a la Unidad de Fiscalización de iniciar investigaciones en esa lógica. La unidad no puede solicitar información indiscriminadamente. Se tienen que investigar hechos actuales y sólo si hay operaciones que conecten hacia atrás entonces determinar las investigaciones hacia años anteriores, pero con elementos que lo acrediten.

Sobre las complejidades de seguir los gastos en efectivo que puedan involucrar compra o coacción del voto, Cristalinas destacó que existe una colaboración con la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Electorales.