n los días transcurridos desde la elección del primero de julio se ha generalizado y consolidado la percepción de que el resultado anunciado en la noche de ese día, favorable al abanderado priísta Enrique Peña Nieto, está tocado de ilegitimidad. Desde antes de los comicios, el movimiento #YoSoy132 ha venido denunciando el papel decisivo –e indebido– de los medios electrónicos en la gestación de la candidatura presidencial del tricolor y las condiciones de inequidad que ese elemento introdujo en la contienda cívica. Asimismo, en los días previos a la elección se supo de diversos operativos de presunta compra masiva de votos para esa causa. En las jornadas sucesivas han cundido las pruebas de manipulación de la voluntad popular por diversos medios: desde el reparto de bienes hasta las medidas de coacción para presionar a electores a cruzar el logotipo del PRI en las boletas, pasando por el hallazgo de papelería electoral en manos de operadores priístas.

Mientras el Movimiento Progresista recopila fotos, videos, grabaciones y otros documentos que podrían probar la distorsión en gran escala de la voluntad ciudadana en favor del PRI, a fin de impugnar la validez de los comicios ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación (TEPJF), en la prensa internacional ha ido generalizándose la idea de que tras los resultados favorables a Peña Nieto hay factores ajenos a esa voluntad, desde el poder mediático hasta el peso del dinero repartido entre el electorado. A guisa de ejemplo, The Washington Post señaló hace unos días que Felipe Calderón y los altos funcionarios electorales parecen haber barnizado algunos detalles sucios y que se extienda la sospecha sobre la manera en que fue ganada la presidencia mexicana. Le Monde describió la presunta victoria de Peña como regreso a la dictadura perfecta; The New York Times la consideró un triunfo de la amnesia y un fracaso de la democracia multipartidista; el Süddeutsche Zeitung expresó que el aspirante tricolor es joven y guapo, pero su partido es la encarnación del fraude y la corrupción, en tanto La Repubblica se refirió al presidente de las telenovelas.

El Partido Acción Nacional, en voz de su máximo dirigente, Gustavo Madero, se sumó hace dos días a esta percepción, al señalar que a Peña Nieto no le alcanza la legitimidad para ser presidente, y ayer el propio Calderón se manifestó en contra de la compra-venta de voluntades políticas que tuvo lugar antes y durante los comicios.

En suma, mientras el PRI y el IFE parecen quedarse solos en la defensa de la limpieza y la transparencia del proceso electoral, se generaliza la idea de que tal proceso está marcado por prácticas antidemocráticas sistemáticas que deben ser sancionadas y cuyos efectos deben ser corregidos de alguna manera. Previsiblemente, en los días próximos la polémica se centrará en dilucidar si tales irregularidades son suficientes o no para invalidar los comicios presidenciales. Si el órgano jursdiccional falla, como hizo en 2006, que la elección presidencial de aquel año había sido afectada por irregularidades graves, y sin embargo da por buena la elección, parece inevitable que el déficit de legitimidad que actualmente padece el ejecutivo federal se prolongue por otro sexenio.