Culiacán, Sin., 9 de julio. En el país existen alrededor de 1.6 millones de desplazados a causa de la violencia generada por el crimen organizado; de esa cifra al menos 30 mil corresponden a Sinaloa, cuyo gobierno debe destinar 250 millones de pesos para atender a los afectados, indicó la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa (CDDHS).

En un estudio, la organización no gubernamental dijo que el desplazamiento de población por el crimen organizado afecta a por lo menos 11 de los 18 municipios de Sinaloa, en perjuicio de casi 6 mil familias. La Secretaría de Desarrollo Social y Humano estatal ha informado que podría haber 3 mil desplazados.

La CDDHS envió su documento al gobernador Mario López Valdez y al Congreso local el 17 de mayo. La ONG insistió en el tema el 11 de junio, pero no ha habido respuesta.

Se recomienda a Mario López Valdez, en su calidad de gobernador del estado, que ante la emergencia que viven al menos 11 estados del país por el problema de los desplazados, en atención a los protocolos y convenios de Ginebra aplicables en situación de conflictos armados, plantee al Ejecutivo federal solicitar a la Cruz Roja Internacional su apoyo en asistencia humanitaria, acota.

El documento también se envió a la diputada priísta Rosa Elena Millán Bueno, presidenta de la mesa directiva del Congreso estatal, el 17 de mayo.

Óscar Loza Ochoa, comisionado de Relaciones con Instituciones de la CDDHS y ex presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lamentó la falta de información sobre este problema y su impacto económico y social, en particular entre la población más vulnerable.

Citó el caso de Chihuahua, con una población cercana a tres millones de personas, donde 20 por ciento (alrededor de 700 mil) han sido desplazadas por la violencia causada por el crimen organizado y los operativos gubernamentales.

Añadió que el gobernador no se ocupa del problema y lo delega a los municipios, que carecen de recursos para enfrentarlo.