El Instituto Federal Electoral (IFE) informó que su unidad de fiscalización realiza actualmente 40 indagatorias sobre presunta violación a la ley electoral, particularmente por rebase de gastos de campaña.

De estos procedimientos, 25 son en contra del Partido Revolucionario Institucional (PRI), incluidas las denuncias por la colocación de espectaculares para promover a Enrique Peña Nieto; aportación de recursos por parte de la empresa Mifel-Monex, también para promover al priísta, así como la entrega de monederos Monex para la compra y coacción del voto en favor del ex gobernador mexiquense.

En el trabajo de la unidad de fiscalización está también el procedimiento por uso indebido de recursos y rebase de tope de gastos de campaña, por medio de la distribución de tarjetas Soriana para la compra y coacción del voto en favor del candidato presidencial del tricolor.

Por lo que hace a las indagatorias en contra de la coalición de izquierda Movimiento Progresista (PRD-PT-Movimiento Ciudadano), el IFE detalló que son 12, entre las que se encuentra la recaudación de aportaciones particulares que exceden los topes establecidos para financiar la campaña de Andrés Manuel López Obrador, así como la obtención de recursos a través de asociaciones civiles y movimientos sociales, para financiar y posicionar la imagen del abanderado presidencial.

También puntualiza que existe un expediente de fiscalización a las cuentas bancarias a nombre de Yeidckol Polevnsky, presidenta del comité de financiamiento de López obrador.

Por lo que toca al Partido Acción Nacional (PAN), son cuatro expedientes, de los cuales no se ofrecen detalles en el boletín del instituto emitido anoche.

El IFE aclaró que la investigación de compra y coacción del voto son responsabilidad de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (Fepade), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR).

En materia de quejas –en lo que va de 2012–, la unidad de fiscalización ha resuelto 23 de 63 denuncias recibidas y actualmente indaga y prepara la resolución de los 40 procedimientos restantes conforme a los plazos y disposiciones establecidos en la ley.

El órgano electoral, a través de una unidad especializada en la materia que cuenta con autonomía y no está limitada por el secreto bancario, fiduciario o fiscal, vigila que el financiamiento, el uso y origen de los recursos de los partidos se apegue a la ley.

El instituto tampoco tiene atribuciones para calificar o juzgar la decisión del voto de los electores; su trabajo consiste en garantizar que todo ciudadano pueda sufragar en paz, de manera libre y secreta.