Un juez federal negó al ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba una suspensión provisional en vías de amparo, con la que pretendía que le fueran descongeladas varias cuentas bancarias a su nombre, aseguradas como parte de la investigación que realiza en su contra la Procuraduría General de la República (PGR) por diversos delitos ligados a la delincuencia organizada, revelaron fuentes judiciales.

Aunque el juzgado cuarto de distrito de amparo en materia penal en el Distrito Federal negó dicha suspensión, mantiene abierto el expediente para analizar los argumentos del político priísta y pronunciarse en los próximos meses en favor o en contra de conceder el amparo de fondo a Yarrington.

La semana pasada un tribunal federal ordenó suspender el congelamiento de las cuentas bancarias de Seyed Farough Fatemi Corcuera, empresario tamaulipeco y considerado uno de los presuntos prestanombres de Yarrington.

Datos del Poder Judicial indican que la demanda del ex gobernador priísta –investigado por autoridades mexicanas y de Estados Unidos por recibir presuntamente dinero proveniente de pagos de sobornos del cártel del Golfo y Los Zetas– fue promovida el pasado 25 de junio.

En el amparo, el tamaulipeco argumenta que fueron violados los derechos protegidos por el artículo 14 constitucional, el cual señala que ninguna persona podrá ser privada de su libertad o sus propiedades sino mediante juicio seguido ante tribunales.

Asimismo, alude al artículo 16, referente a que no puede ser molestado en su persona, familia, domicilio y posesiones, salvo en virtud de mandamiento escrito debidamente fundamentado; por último, Yarrington cita el artículo 22, que prohíbe la confiscación de bienes.

La demanda del priísta es consecuencia de las diversas acciones de investigación de la Procuraduría General de la República (PGR).

En enero, la dependencia pidió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) emitir una alerta migratoria para impedir que 45 personas, entre ellas Yarrington y otros dos ex gobernadores de la entidad fronteriza –Manuel Cavazos Lerma y Eugenio Hernández Flores– abandonaran el país.

Cuatro meses después, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) congelaron sus cuentas bancarias, así como las de sus presuntos prestanombres Fernando Cano Martínez, Napoleón Rodríguez de la Garza, Eduardo Rodríguez Berlanga, Zonia Nereida de Pau García y Seyed Mohammad Farough Fatemi Corcuera.