Madrid, 11 de julio. El gobierno del conservador Mariano Rajoy, elegido el pasado 20 de noviembre con mayoría absoluta, aprobó un nuevo y durísimo plan de recortes al Estado de bienestar, además de un incremento al impuesto al valor agregado (IVA), que pasará de 18 a 21 por ciento. En un agrio debate en el Congreso de los Diputados, el mandatario español anunció además la eliminación de 65 mil millones de euros del gasto público para los próximos dos años, que afectarán sobre todo a los desempleados –que cobrarán menos por la prestación–, funcionarios públicos, trabajadores de la salud y al plan de dependencia para el cuidado de personas mayores y enfermas, además de la supresión de cargos públicos de elección popular.

El plan no prevé ninguna medida contra las entidades financieras ni contra las empresas constructoras, señaladas como las principales responsables de la crisis. El conjunto de la oposición recibió con malestar e indignación el nuevo plan de ajuste del gobierno, al que instó a convocar a un referendo o en su defecto llamar a elecciones.

Desde que asumió el poder en diciembre pasado, Rajoy ha incumplido la mayoría de sus promesas electorales en materia de lucha contra la crisis. Los más de 5 millones 500 mil desempleados, la recesión de la economía, la paralización de sectores como el de la construcción y el crédito bancario, así como la quiebra del sistema financiero por la intoxicación de productos de la burbuja inmobiliaria han situado a España como uno de los países más frágiles y vulnerables de la Unión Europea (UE).

Rajoy prometió que no aumentaría los impuestos, no tocaría los servicios públicos y no incrementaría el IVA, medida ésta que en su etapa en la oposición consideraba una decisión propia de los malos gobernantes, que además es especialmente negativa en época de crisis.

El agravamiento de la situación económica –con España en el centro del huracán de la especulación financiera– y ante las exigencias de la UE para aprobar el plan de rescate del sistema bancario, Rajoy anunció, en un pleno que estaba programado para informar de la reunión de Ecofin, uno de los recortes más severos al Estado de bienestar.

Además del incremento del IVA de 18 a 21 por ciento, el gobierno español suprimió el aguinaldo a todos los funcionarios públicos de la administración central, local y autonómica, así como a los senadores y diputados.

Asimismo, anunció el aumento de las horas de trabajo de los funcionarios, que además verán recortadas sus condiciones laborales con la reducción de los días de libre disposición, que se utilizan para asuntos personales.

También habrá fuerte reducción en el cobro de la prestación por desempleo, derecho conquistado por los trabajadores que con sus cotizaciones fiscales se garantizaban una cobertura mínima en caso de quedar sin empleo.

Ahora, a partir del sexto mes esta prestación sufrirá una reducción de 60 a 50 por ciento. Rajoy justificó esta medida al decir que la prestación desincentiva la búsqueda de trabajo de los que están sin empleo.

Una de las medidas que más daño harán en los sectores más vulnerables de la sociedad es la drástica reducción en el financiamiento del plan de dependencia, creado para ayudar a las personas mayores y enfermas, que por su situación requieren asistencia especial; el plan permite que los familiares tengan tiempo libre del trabajo. Así explicó Rajoy: Se racionalizará el gasto en el sistema de dependencia, revisando el baremo y las prestaciones.

También advirtió que planea acelerar la aplicación del factor de sostenibilidad; es decir, se acelerará el retraso de la edad de jubilación y se endurecerá el tratamiento de la jubilación anticipada.

Además del incremento del IVA, el gobierno aprobó otros aumentos en impuestos directos e indirectos, algunos especialmente delicados por sus consecuencias en sectores que todavía funcionan bien en la economía española, como el turismo. Así, se subirán los vinculados con el medioambiente, el tabaco, el impuesto de sociedades para modificar el pago fraccionado, así como la implantación de una tasa por turismo. La Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, advirtió que con el aumento del impuesto, que en el caso del turismo sube de 8 a 10 por ciento, caerán estos ingresos anuales hasta de 2 mil 10 millones de euros para el conjunto de la actividad turística, además de una pérdida calculada en 18 mil 730 empleos directos en un año para el conjunto del sector.

Rajoy también pretende desmantelar el aparato de trabajadores del Estado tal y como está constituido, con la reducción de 30 por ciento de los concejales electos por el voto y en función de los tramos de población.

Advirtió que se llevará a cabo un proceso de liberalización y, en su caso, privatización de los servicios asociados al transporte ferroviario, portuario y aeroportuario.

Además se aprobará un paquete regulatorio para avanzar en la liberalización de los servicios profesionales y en la clarificación de la normativa para el sector energético, que irá acompañado por un nuevo esquema de fiscalidad energética.

España, democracia intervenida

El conjunto de la oposición política rechazó el plan presentado por el gobierno de Rajoy, al que acusaron de destruir el Estado del bienestar y de llegar al poder con mentiras. El líder de los socialistas españoles, Alfredo Pérez Rubalcaba, le espetó: Le hago una enmienda a la totalidad por sus seis meses de gobierno. Vamos a hacer un plan de austeridad justo, que fomente el crecimiento económico y que dé confianza. Un plan serio frente a los recortes sin ton ni son.

El líder de la oposición le recomendó: Mire usted al norte; mire a Francia y al señor Hollande, con subida de impuestos a las grandes fortunas y con políticas de crecimiento, como también hace el presidente Obama. Hay alternativas distintas para obtener ingresos, más justas y menos dañinas. Le pedimos que no suba el IVA; ya subió el IRPF, ya pidió un esfuerzo a los ciudadanos, no les pida más.

El coordinador de Izquierda Unida, Cayo Lara, le recordó a Rajoy sus palabras cuando su antecesor subió el IVA (es un sablazo de mal gobernante, dijo entonces). Su gobierno ha faltado a la verdad, ¡cuánto incumplimiento de palabra!, la credibilidad se le escapa a borbotones. Vulnera un contrato con sus electores. Yo no le he votado, como tampoco me votó usted a mí, pero contrajo un compromiso en la campaña. Y si no lo cumple tiene la obligación de salir y decirlo. Y lo hace usted poco. Así que pregunte al pueblo, someta estas medidas a referéndum, porque esta es una democracia intervenida, un Estado de excepción.