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Miles de personas de varios sectores se unieron a los mineros

Dura represión de la marcha negra en Madrid; 76 heridos
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Una manifestante sangra tras haber sido golpeada por la policía antidisturbios cerca del Ministerio de Industria, durante la represión de la marcha negra, ayer en MadridFoto Reuters
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 12 de julio de 2012, p. 23

Madrid, 11 de julio. La policía española reprimió con violencia la manifestación central de la llamada marcha negra, la protesta de los mineros del norte del país que luchan por mantener sus puestos de trabajo ante los severos recortes aprobados por el gobierno del conservador Mariano Rajoy. En una histórica movilización, a la que acudieron decenas de miles de personas frente a la sede del Ministerio de Industria, la administración respondió con una negativa a reunirse con los representantes de los trabajadores y con un operativo policial que se saldó con 76 heridos –cuatro de ellos en estado de reserva– y siete detenidos. Los representantes del Ministerio de Industria advirtieron que el gobierno no tiene la menor intención de dar marcha atrás en sus planes de recortes.

Tras más de dos meses protagonizando protestas que han contagiado a otros sectores afectados por las medidas neoliberales aprobadas por el gobierno, como los profesores, estudiantes, funcionarios públicos y los trabajadores de la salud, los mineros declararon: La marcha aquí termina, pero la lucha sigue.

Decenas de miles de personas marcharon por el centro de Madrid bajo el llamado de la marcha negra. Mientras avanzaba la inmensa columna de gente que abarrotó el Paseo de la Castellana se escuchaba la explosión de cohetes caseros detonados con pólvora mientras se gritaban lemas como a por ellos, oe o somos mineros, no terroristas.

Mineros de las cuencas de Aragón, Asturias, Palencia y Castilla y León protestan desde abril contra los recortes aprobados por Rajoy al plan de la minería en el Presupuesto General del Estado. De un plumazo se suprimió 63 por ciento de lo previsto, a fin de reducir el déficit público exigido por la Unión Europea para desembolsar el millonario plan de rescate para el sistema financiero español en quiebra, el cual gozará de una inyección de 100 mil millones de euros.

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Aspecto parcial de la multitudinaria marcha de mineros y simpatizantes que recorrieron Madrid para protestar contra las medidas de austeridad del gobierno españolFoto Reuters

El rescate a la minería del carbón, que emplea más de 14 mil personas y es una actividad de la que viven miles de familias y numerosos pueblos de las cuencas mineras, no supondría más de 200 millones de euros.

La manifestación de Madrid fue la culminación de una larga marcha a pie de 200 mineros, que recorrieron más de 400 kilómetros a pie para llevar sus reivindicaciones al ministerio de Industria y a La Moncloa. A su paso por los pueblos, ciudades y pedanías, los mineros recibieron el apoyo y la solidaridad de una sociedad castigada por la crisis y por los recortes del gobierno, que asisten al desmantelamiento del Estado del bienestar y al empobrecimiento de un país que hasta hace unos años se situó entre los más prósperos del planeta.

Después de la enésima negativa del gobierno a recibir a una delegación de los mineros que llegaron hasta el Ministerio de Industria, algunos manifestantes intentaron cruzar las vallas de seguridad instaladas por los agentes antidisturbios, quienes además grabaron con sus cámaras a los manifestantes. Esto fue visto como un nuevo gesto de provocación contra los trabajadores.

A partir de ahí comenzó un duro enfrentamiento. La policía lanzó pelotas de goma, macanazos y gases lacrimógenos y los manifestantes respondieron arrojando algunos objetos del mobiliario urbano.

El saldo final fue de 76 heridos –43 manifestantes, un periodista y 32 policías– y siete detenidos, entre ellos algunas de las mujeres de los mineros que viajaron desde las cuencas mineras para apoyar a sus esposos en los 600 autobuses que arribaron a Madrid.

Mientras transcurría la manifestación, desde el Congreso de los Diputados el presidente Rajoy anunció el mayor recorte en la historia de la democracia al Estado del bienestar.