La coalición de partidos que postula a Andrés Manuel López Obrador interpondrá hoy un juicio de inconformidad para solicitar la invalidez de la elección presidencial del primero de julio por violaciones graves a los principios constitucionales en materia electoral.

En el expediente, identificado como inconformidad nacional, se documentan múltiples irregularidades vinculadas a la compra y coacción del voto; rebase de gastos de campaña por más de 4 mil 500 millones de pesos; erogaciones ilegales de gobiernos estatales emanados del PRI; inequidad en los medios de comunicación y proliferación de encuestas manipuladas, entre otros elementos.

El artículo 40 constitucional señala que el Instituto Federal Electoral (IFE) tiene que conducir su función bajo los principios rectores de certeza, legalidad, independencia e imparcialidad, mismos que, en opinión de los demandantes, no fueron respetados.

El expediente será entregado esta noche en el IFE, organismo que recibe los documentos, integra informes circunstanciados y remite todo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuyas decisiones son definitivas e inapelables. El tribunal calificará la elección presidencial a más tardar el 6 de septiembre próximo.

Simultáneamente, la coalición Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano) interpondrá impugnaciones en prácticamente los 300 distritos electorales para lograr la anulación del mayor número posible de casillas y así apuntalar su demanda de anulación de los comicios.

La ley de impugnación señala que para que proceda esta causal deberán comprobarse irregularidades en al menos 25 por ciento de las casillas.

Andrés Manuel López Obrador y su coordinador de campaña, Ricardo Monreal, quien también encabezó el equipo jurídico que preparó la inconformidad nacional, anunciaron que presentarán carpetas por cada entidad federativa en la que intervinieron mandatarios priístas para favorecer a Enrique Peña Nieto.

El límite de gastos para la contienda presidencial fue de 336 millones de pesos; según la documentación de la coalición demandante, Peña Nieto rebasó ese tope tan sólo con un rubro de gasto (publicidad visual), al contabilizar 409 millones por espectaculares, vallas, anuncios en el Metro, bardas, eventos deportivos y pantallas fijas.

Por actos de campaña, con base en los gastos de transporte aéreo privado del candidato priísta, la alianza PRI-PVEM gastó casi 100 millones de pesos en dos meses.

El Movimiento Progresista detalla el pago, con tarjetas Monex, de 36 millones de pesos para 300 delegados distritales, 19 mil 490 representantes generales y 143 mil 151 representantes de casilla.

También sobresale la entrega de tarjetas de despensa de la cadena de tiendas Soriana y la distribución de 4 millones de tarjetas telefónicas prepagadas con montos variables cada una de entre 50, 100 y 200 pesos.

La coalición de izquierda detalló para este juicio otros gastos en la difusión de anuncios por Internet, en periódicos, cines, sitios web, producción de 98 espots, call center, publicidad en revistas de circulación nacional, operativo magisterial Ágora y mitin en el Estadio Azteca. De igual forma enlista eventos, artículos de promoción, publicidad encubierta, así como “otros operativos nacionales de compra y coacción del voto”.

Camerino Márquez, representante jurídico de la coalición, dijo que, de comprobarse las irregularidades, la sanción es la pérdida del registro del candidato y de los partidos que lo postularon. Monreal aseveró a su vez que cuentan con los elementos necesarios que hacen posible demostrar las violaciones constitucionales, principalmente por la compra del voto y otras formas de inducción del sufragio. A ello se agrega, dijo, la parcialidad y omisión del IFE para resolver los casos Monex y Soriana.

En los alegatos se exponen características de otros procesos estatales que ha anulado el TEPJF; el último fue el de la alcaldía de Morelia. Monreal dijo que sería muy grave que el organismo se conformara con ordenar una sanción económica, porque entonces (los magistrados) serían responsables de lo que suceda en el país.

La coalición pedirá la recusación del presidente del TEPJF, Alejandro Luna Ramos –por emitir a priori su juicio sobre el proceso– y de la magistrada María del Carmen Alanís, por su cercanía con el PRI.