La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) información relacionada con el banco Monex, Grupo Comercial Inizzio, Comercializadora Epfra y Soriana para esclarecer el presunto financiamiento ilícito para la compra de votos en favor del PRI, relacionada con la elección presidencial vía la emisión de tarjetas.

Asimismo, señaló que los resultados que arrojen estas indagatorias no son vinculantes con las decisiones que tome el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en cuanto a la calificación de los comicios, informó la titular de esa fiscalía, Imelda Calvillo.

Puntualizó que la Fepade requiere del apoyo de la sociedad para determinar, mediante testimonios, los casos en los cuales las tarjetas de Soriana o Monex orientaron el voto en favor de algún candidato o partido político, de lo contrario no se podrá consignar ningún expediente ante jueces federales.

Ningún delito electoral se considera grave

Calvillo Tello explicó que en el Código Penal ningún delito (electoral) es grave, ésa es la realidad. Por eso los presuntos responsables pueden obtener su libertad bajo fianza.

–¿Qué requiere la Fepade para consignar los expedientes por esos ilícitos?

–Acreditar los delitos; no podemos decirle al juez: tengo estas denuncias anónimas o que me hicieron estos candidatos o esos representantes de partido en contra de tal o cual persona. Debemos contar con los testimonios.

–¿La fiscalía puede acusar a una empresa o a un partido?

–Solamente a una persona física, no a una organización. Si estuviera señalada una persona moral, esa empresa tiene un responsable, un representante legal o un gerente, y él será el que tendrá que responder ante los señalamientos o ante las conductas que se pudieran estar cometiendo.

–¿Y en los casos concretos de Soriana y Monex?

–Tenemos una denuncia que se está integrando por el caso Monex, que nos hizo llegar el Instituto Federal Electoral (IFE), y ninguna de manera directa por parte de partidos políticos o ciudadanos en el caso de Soriana, pero la Fepade la inició de oficio y se está allegando todos los elementos para determinar si hubo delitos electorales.

Tarjetas telefónicas como la de esta imagen fueron repartidas por el PRI en la ciudad de MéxicoFoto La Jornada

Al igual que en el caso de Monex, la fiscalía ya solicitó información a la CNBV, la SHCP y otras instancias que nos puedan aportar elementos para continuar con las investigaciones. Para nosotros es importante que los ciudadanos o los institutos políticos afectados acudan con el Ministerio Público, se presenten y si tienen o cuentan con evidencias, las hagan del conocimiento de la Fepade y no sólo del IFE.

–¿Ya han acreditado que en los casos de Monex y Soriana se hubieran comprado votos?

–Es el señalamiento que está dentro de las denuncias; no es que Soriana le haya pedido a la gente que tenía las tarjetas o Monex les haya pedido que votaran o se abstuvieran o que votaran por determinado candidato, pero en estos casos puede haber una responsabilidad; habrá que demostrarlo.

–Y en caso de que pudieran acreditar que esas tarjetas sirvieran electoralmente, ¿cómo se va a demostrar que incidieron en el voto de los ciudadanos?

–Necesitamos de la ciudadanía, de los partidos, testimonios, declaraciones.

–Si nadie declara, ¿la investigación estará en riesgo?

–No es que esté en riesgo, es un elemento indispensable porque podemos tener las documentales, las periciales, pero debemos acreditar todos los elementos necesarios que establece esta conducta delictiva, porque no podemos decirle al juez: lo más seguro es que pasó así o pudo haber pasado de esta manera; por eso son muy importantes los testimonios directos.

–¿Los resultados de las averiguaciones previas podrán determinar si se declaran nulas las elecciones?

–No son vinculatorios, los dos son procedimientos distintos. En todo caso, eso corresponde al TEPJF. En caso de que lo solicite el tribunal, tendríamos que entregarle información de nuestras indagatorias y son ellos (los magistrados) quienes tienen la decisión.