Al menos 40 mil agentes de los cuerpos policiacos estatales no son aptos para desempeñar esa labor, ya sea por vinculación directa con el crimen organizado, consumo de drogas o deficiencias físicas o intelectuales, afirmó el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Óscar Vega Marín, quien llamó a los gobiernos estatales para que le den seguimiento a tales elementos, a efecto de consignarlos o rehabilitarlos en los casos que proceda.

En conferencia de prensa, el funcionario precisó que estos 40 mil agentes representan 20 por ciento de los policías evaluados en las entidades federativas, proceso que es apenas 40 por ciento de un universo de 500 mil elementos, por lo que de seguir esta tendencia, al final de la evaluación alrededor de 100 mil uniformados serían declarados no aptos por alguna de las consideraciones mencionadas.

Señaló además que muchos de continúan prestando sus servicios en los cuerpos de seguridad, por lo que reiteró el llamado a separarlos del cargo y, eventualmente, hacerlos sujetos de la acción de la justicia en los casos que lo ameriten.

Al hacer un balance de los compromisos asumidos por los gobiernos federal y estatales en materia de control de confianza a las instituciones de seguridad pública, Vega Marín refirió que de continuar el avance registrado hasta este momento, la meta fijada para enero del año próximo se cumpliría cabalmente, aun cuando hay entidades como Yucatán y Quintana Roo que presentan avances de uno y 12 por ciento, respectivamente, frente a un promedio nacional de 94 por ciento del avance comprometido, y de al menos 14 entidades que han rebasado dicho acuerdo con porcentajes hasta de 161 por ciento, como es el caso de Zacatecas, 138 por ciento de Guanajuato o 135 por ciento de Nuevo León.

Otro dato relevante del análisis que presentó el funcionario es el hecho de que en las evaluaciones a personal de nuevo ingreso, que suman en el caso de estados y municipios 62 mil 293, es decir, 55 por ciento, no aprobó dichos exámenes. En tanto que en las evaluaciones de control de confianza en los organismos federales, como la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública se ha alcanzado ya el ciento por ciento y algunos, inclusive, han sido evaluados en más de una ocasión.

Explicó que en el caso de mandos superiores, la periodicidad para renovar la certificación va de seis meses a un año, mientras que en el caso de otros niveles, puede ser de entre uno y dos años.

Al ser interrogado sobre la sanción a aquellos funcionarios públicos que no cumplan con los compromisos establecidos, dijo que podrían hacerse acreedores a sanciones penales, toda vez que se trata de una ley derivada de una generalizada inconformidad social por los niveles de inseguridad pública en el país.