El quinto de los siete agravios que denuncia la coalición Movimiento Progresista, en el juicio para pedir la invalidez y nulidad de la elección presidencial, se refiere a la manipulación de cientos de encuestas que fueron difundidas durante el proceso electoral.

Según los alegatos desglosados en el expediente de 639 cuartillas, entregado la noche del jueves ante la autoridad electoral, los sondeos fueron utilizados como un medio de propaganda y presión a los electores en favor de Enrique Peña Nieto, candidato de la coalición Compromiso por México.

Las diferencias en las encuestas –precisa– daban más de 20 puntos en favor de Peña y más bien se insertaron como una estrategia deliberada para propagar la cultura de la anomia (situación que busca propiciar la inacción y parálisis de la gente) que ve casi imposible cerrar la brecha entre el priísta y sus contendientes.

Con base en análisis académicos e investigaciones de los partidos denunciantes, señala que de 11 estudios de opinión divulgados antes de las votaciones, sólo tres estuvieron cerca de lo que reveló el Programa de Resultados Electorales Preliminares del IFE, lo cual tuvo gran afectación al principio de equidad.

La coalición de partidos que postula a Andrés Manuel López Obrador alega que los sondeos fueron indebidamente utilizados porque los medios de comunicación las presentaron como herramienta de inducción al voto y manipulación de la verdad para beneficiar al abanderado del PRI-Partido Verde.

Lo anterior, añade, es una franca violación a lo dispuesto en los artículos 41, base II y III, apartado A, de la Constitución; 109, párrafo 1; 237, párrafos 5 y 7 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que redunda en una violación a los principios constitucionales rectores del derecho procesal: equidad, objetividad y certeza.

El Movimiento Progresista pone énfasis en que la reforma constitucional de 2007 fijó un nuevo modelo político electoral y de comunicación social para impedir que intereses privados, con apoyo de instrumentos de enajenación, persuasión e inducción (como son los medios de comunicación) pudieran manipular la voluntad popular, al violentar la libertad del sufragio y haciendo desiguales las contiendas.

Sin embargo, en el presente proceso electoral, los candidatos, así como algunas empresas de comunicación han dado un uso político indebido a los ejercicios de demoscopia, aprovechándose de que en la ley no se encuentra debidamente regulado el uso reiterado de encuestas, lo que genera que no haya transparencia sobre quién paga y los intereses que están detrás de estos sondeos, dijo.