La posible controversia constitucional que interpondría el Poder Ejecutivo ante la orden del Congreso de publicar la Ley General de Víctimas, representa una negativa de Felipe Calderón a reconocer los estragos de su guerra contra el crimen organizado, y a atender el desastre causado por esta, señalaron académicos y activistas de organizaciones sociales.

Juan Carlos Gutiérrez, director de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, afirmó que el mandatario únicamente simula preocupación por las víctimas de la violencia, cuando durante todo el sexenio se empeñó en no reconocerlas, además de que sus observaciones fueron presentadas de manera extemporánea y por motivos electorales.

El tema central son los más de 50 mil muertos que ha dejado esta guerra, y eso se quiere ocultar con un discurso formal. La propuesta de ley está bien construida, porque establece obligaciones claramente definidas para estados y municipios, sobre la base de un criterio unificado, explicó Gutiérrez, uno de los autores de la iniciativa.

Tampoco es cierto, dijo, que la ley resulte demasiado cara, puesto que establece un fondo nacional de víctimas con parámetros bien establecidos, y apelando a la coordinación de instituciones ya existentes, como hospitales y escuelas.

“Plantear argumentos económicos es regatear el dolor de las víctimas. Es muy fácil vender el discurso de que atenderlas sale caro o que las van a enriquecer, pero los topes ya están definidos bajo los estándares dictados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Valdría la pena saber cuánto se han gastado en la ‘guerra’ contra el narco y en el elefante blanco de Províctima”, subrayó.

Por su parte, Santiago Corcuera, académico de la Universidad Iberoamericana, lamentó que Calderón adopte una actitud tan insensible usando pretextos legales que no se sostienen después de un análisis detallado de la nueva legislación.

La ley tiene defectos y requiere de mucho presupuesto, pero eso no quiere decir que debe ser frenada. Lo más terrible es que la controversia no sería contra la ley misma, sino porque no le aceptaron su veto, y aunque no tengo pruebas, intuyo que no lo emitió antes porque no quería hacerlo en las elecciones. Fue una treta electorera, definió.

Corcuera, ex presidente relator del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, desmintió que la norma tenga huecos legales para los estados y municipios, o sea demasiado costosa.

Quien la lea de buena fe se dará cuenta de que las responsabilidades están perfectamente transversalizadas. Además, ¿para qué generan una situación de miles de muertos, desplazados y desaparecidos, si luego no tendrán la responsabilidad moral de resolver el desastre que ellos crearon, se preguntó.