Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, albergues y la diócesis de Saltillo, enviaron una carta al gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas en la que le exigen que se brinden las condiciones necesarias para la reapertura inmediata de la casa del migrante San Juan Diego, localizada en Tultitlán y que mientras permanece cerrado el gobierno estatal asuma la labor de atención humanitaria a las miles de personas que transitan por la localidad.

Dicho albergue para migrantes fue cerrado el lunes 9 de julio debido a un altercado con vecinos, los cuales se oponen a la sede porque, aseguran, afecta diversos servicios públicos y provoca inseguridad en el área.

En la misiva refieren: Sabemos que usted tiene conocimiento de que el trabajo de promoción y defensa de derechos humanos de migrantes ha sido criminalizado y deslegitimado durante su administración, y los y las defensoras han sido amenazados con ser linchados y quemados. La situación no es mejor para las personas migrantes, sólo en 2011 en menos de tres meses, tres migrantes fueron asesinados a consecuencia de la discriminación y la xenofobia.

Migrantes no son culpables

Manifiestan también que el albergue y los migrantes “no son los culpables de que en Lechería haya traficantes de drogas, escasez de agua, un sistema de recolección de basura inadecuado porque la administración municipal no es su responsabilidad.

Acusan al ex alcalde Marco Antonio Calzada Arroyo de no cumplir su compromiso público de entregar un terreno para reubicar el albergue y ofrecer un lugar más digno para los migrantes a pesar que los defensores accedieron y cumplieron su solicitud de juntar las firmas necesarias para la donación del terreno.

Subrayan que la violencia en el municipio afecta no sólo a los mexicanos, sino también a los migrantes y añaden que en 2011 tres fueron asesinados, entre ellos un adolescente que fue entregado a un grupo delincuencial por la policía municipal.

Tras señalar que ha habido falta de voluntad política del gobierno del estado para garantizar la defensa de los derechos humanos, recuerdan al gobernador que su obligación es acabar con inseguridad que se vive en la colonia Lechería.