n 90 días de campaña (cuatro candidatos avalados por siete partidos políticos) sumaron 400 las solicitudes de información que el IFE presentó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, organismo que simplemente las canalizó a las instituciones financieras involucradas en dichas peticiones. Poco más de cuatro solicitudes por día, en promedio, y de acuerdo con la CNBV todas fueron atendidas de inmediato, de tal suerte que, se supone, la autoridad electoral tendría elementos más que suficientes para conocer hasta dónde llegaron las irregularidades y quiénes las cometieron.

Lo anterior, de acuerdo con el director general de Proyectos Especiales y Comunicación Social de la citada comisión, Carlos López-Moctezuma, quien ayer precisó que dichas solicitudes “se llevaron a cabo a través de un sistema electrónico por el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés. Ellos (IFE) mandan solicitudes de investigación para que CNBV les pida información a los bancos, por lo que nosotros sólo fungimos como intermediarios entre autoridades electorales y los bancos, y todas las solicitudes se han atendido de manera inmediata… por el tema de lavado de dinero, la CNBV no hace el trabajo de inteligencia, lo hace la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Los controles de prevención sí corresponden a CNBV, que realiza visitas en esta materia. En ese sentido se han seguido las tareas de supervisión normales y si incumplen se sanciona”.

Sobre el caso Monex (central en el presunto trasiego de dinero con fines electorales, entre ellos la compra de votos), el funcionario detalló que la última verificación (normas de prevención y detección de lavado de dinero) que se hizo al grupo financiero fue en 2011, y será hasta el cuarto trimestre de 2012 (del próximo septiembre en adelante, es decir, con la elección presidencial ya calificada por el Tribunal Electoral) cuando realice la siguiente verificación, la cual no se dará a conocer, porque lo prohíbe la ley.

Y se acabó. Los electores no tienen idea de por qué la autoridad solicitó información bancaria, ni qué instituciones o personajes aparecen involucradas en la petición, pero de acuerdo con la idílica versión oficial, el IFE pidió información sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos, la CNBV de inmediato la canalizó a los bancos involucrados, y éstos contestaron rápidamente para despejar cualquier duda, con el fin de que la fiesta cívica terminara en paz y dejara tranquilo a todo el mundo. El problema es que en el proceso todos se lavan las manos y avientan la pelota, y el punto más delicado, el del lavado de dinero, se lo dejan a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, cuya evaluación no es precisamente digna de envidia.

La Auditoría Superior de la Federación aporta lo siguiente (Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010): “la información de la UIF no es confiable y los reportes no son congruentes… México no ha cumplido el 100 por ciento de los estándares internacionales dictados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por sus siglas en francés) en materia de prevención y combate de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo, por la falta de atención de algunas cuestiones generadas de las recomendaciones calificadas por el GAFI como mayoritariamente cumplidas, la falta de coordinación entre los Poderes de la Unión para subsanar el vacío legal existente en la formulación, promulgación, aprobación y difusión del marco regulatorio para cumplir los estándares internacionales del GAFI”.

A lo anterior se suma la falta de resolución del Congreso de la Unión a las iniciativas presentadas por el Ejecutivo federal en 2010 y 2011, la falta de conciliación del número de reportes y de operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes informadas por la UIF y los organismos reguladores y supervisores (la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores, más el Servicio de Administración Tributaria, y las comisiones del Sistema de Ahorro para el Retiro y Nacional de Seguros y Fianzas), y los principios de confidencialidad y secrecía no permitieron el acceso a la información contenida en los reportes de operaciones inusuales, preocupantes y relevantes, debido a los argumentos de la UIF para definir a la ASF como una de las autoridades que pueden requerir información y documentación de carácter financiero, pero sólo de aquellas cuentas o contratos mediante los cuales se administren o ejerzan recursos públicos federales.

Así es. Lo único que le faltaba a un país en el que anualmente se lavan 39 mil millones de dólares sólo por narcotráfico (Departamento estadunidense de Estado) es que la institución dedicada a prevenir y combatir tal actividad ilícita no sea confiable ni sus reportes congruentes (ASF dixit). Y es precisamente esa dependencia del Ejecutivo la que tiene asignada la tarea de verificar, y en su caso denunciar, si en los pasados comicios se lavaron o no recursos, de dónde procedieron y el fin que tuvieron (desde la compra del voto hasta el descarado rebase de los topes de campaña). De cereza, la CNBV precisa que una de las instituciones mayormente involucradas en el desaseado proceso electoral (Monex) sí será supervisada, pero hasta el cuarto trimestre de 2012, fecha para la que el Tribunal Electoral despachó todos los pendientes en la materia. Queda la idea de que en este peloteo no sobra buena voluntad ni ganas de esclarecer las dudas sobre el reciente el proceso electoral.

La ASF subraya que durante el desarrollo de la auditoría a la UIF se determinaron incumplimientos en leyes, reglamentos y disposiciones normativas (que detalla), y advierte sobre la notoria lentitud con la que se elaboran, revisan y publican las medidas y procedimientos para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el sistema financiero que opera en el país. “Transcurre un número importante de días (para su publicación el Diario Oficial de la Federación): en el caso de las sociedades financieras de objeto limitado pasaron 923 días; casas de bolsa, 847; casas de cambio, 108; sociedades financieras de objeto múltiple, 373, y organizaciones auxiliares de crédito, mil 2”.

Las rebanadas del pastel

Dice El País que para los correligionarios de AMLO parece llegado el momento de preguntarse si les conviene como líder un hombre dos veces derrotado. Bien, pero el rotativo olvida que a Mariano Rajoy lo derrotaron dos veces en las urnas, sin fraude, y hasta la tercera la libró, sólo para destrozar a los españoles. Entonces, más ojo en casa, tíos.

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