El Instituto Federal Electoral (IFE) sostiene que no hay evidencias de que haya habido compra ilegal de espacios en radio y televisión para Enrique Peña Nieto; tampoco hay constancia de que las encuestas tuvieran un carácter propagandístico a su favor, y reivindica que el reconteo distrital se realizó en todos los casos donde hubo fundamento legal.

Como parte del informe circunstanciado sobre la elección presidencial que remitió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el instituto contrargumenta cada uno de los agravios esgrimidos por la coalición Movimiento Progresista. En su documento el IFE rechaza que se haya detectado adquisición encubierta de espacios en medios de comunicación y enfatiza que, a pesar de que el Movimiento Progresista argumenta que esta ilegalidad se registró desde 2005, en los archivos del instituto sólo obran cuatro quejas presentadas por el PRD (relacionadas con Peña Nieto y esta causal), de las cuales una fue en 2010, dos en 2011 y una en el presente año.

Atención puntual a quejas

El IFE reivindica que no puede hablarse en modo alguno de inacción por parte de la autoridad electoral, sino por el contrario, de una atención puntual en los términos de ley a los agravios hechos valer por todos los partidos entre 2009 y 2012, quejas que, en todos casos, han sido resueltas y confirmadas por el tribunal electoral.

Añade que debe tomarse en cuenta que si bien el recurso de la coalición de izquierda denuncia la compra ilegal de espacios desde 2005, la reforma legal que proscribe este esquema entró en vigor hasta 2008.

Más adelante, el instituto hace referencia a los documentos publicados por el diario británico The Guardian, donde se describe la estrategia de posicionamiento que presuntamente habría realizado el ex gobernador mexiquense, sobre lo cual destaca que para que el documento en mención pudiera tener validez debió estar firmado en original y revelar la fuente en la cual se sustentó para obtener la información.

Al referirse a las encuestas como propaganda electoral, que también menciona el Movimiento Progresista enfatizando en las grandes diferencias registradas en las realizadas por GEA-ISA (12 puntos, que equivalen a casi 6 millones de votos de margen de error en favor de Peña), el IFE niega que estos sondeos hayan servido al PRI.

Rechaza que esto pueda definirse como irregularidad grave y sistemática, como lo califica el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, porque contrario a las críticas que consejeros hicieron en su momento a las encuestas, este ejercicio es un estudio observacional en el cual el investigador busca recaudar información mediante un cuestionario prediseñado.

A decir del instituto, el Movimiento Progresista parte de la premisa falsa de que hubo una indebida utilización de este método, y subraya que la parte acusadora resulta ser omisa en ofrecer el medio probatorio idóneo por medio del cual acreditara que las encuestas multicitadas fueron contratadas por el equipo de campaña de Peña Nieto, y agrega que la implementación de las encuestas no significa que se genere un magnetismo para que la gente hubiera hecho caso a la información proporcionada por las consultas.

En consideración del IFE, la difusión de los sondeos en medios de comunicación no implica forzosamente que hayan sido empleados para beneficiar al candidato de la alianza Compromiso por México, ni que su resultado haya sido persuasivo en la población para la inducción al voto en favor de su candidato, así como que se manipulara la verdad respecto de la preferencia existente en el electorado; esa situación no se encuentra probada por la coalición enjuiciante.

Sobre la inconsistencia en los cómputos distritales, el IFE asegura que se recontaron prácticamente todas las casillas donde había causales de apertura, en especial las relacionadas con diferencias en las cifras. Las casillas con inconsistencias que no fueron recontadas representan apenas 2.52 por ciento del total instalado y la decisión de no recontarlas fue tomada por los consejos distritales y sumaron en total 3 mil 442.

El instituto indica que, en la elección presidencial, 16 mil 407 casillas fueron detectadas con diferencias en los totales, y agrega que de las actas de esa elección que fueron clasificadas originalmente con diferencias totales, el universo sólo era de 11.47 por ciento y no de 50 que, incorrectamente, aduce la demandante.