Monterrey, NL. Familiares de personas desaparecidas y activistas en defensa de los derechos humanos no lograron ingresar este viernes al Congreso local para exigir a legisladores incluir el delito de desaparición forzada en el Código Penal del estado, demanda que prometieron atender en 2011. Policías estatales instalaron vallas de metal para impedir el paso a los manifestantes, quienes dijeron que hace una semana pidieron al presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, Heriberto Cano Marchán, agilizar los trabajos para concluir la reforma. En octubre pasado diputados consensuaron con activistas, abogados del Tribunal Superior, la procuraduría del estado, y el experto en el tema de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en México, un proyecto para tipificar la desaparición forzada en Nuevo León, que en los dos años recientes registra unos cien casos, según la agrupación Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos. Consuelo Morales Elizondo, directora estatal del organismo consideró inadmisible impedir el acceso a sesiones públicas, y que los legisladores muestren insensibilidad al colocar vallas y pedir el refuerzo de policías, cuando los familiares de víctimas de desaparición forzada sólo buscaban ser escuchados.