l próximo viernes 27 de julio se darán a conocer los resultados del examen único
o Concurso de selección para el ingreso a la educación media superior que organiza la Comipems.
Desde 1996 y hasta 2011, este examen de selección a cargo del Ceneval se había sustentado en la tesis de que, dado que no era obligatorio, los demandantes no tenían derecho real alguno. Amparados en esa concepción, en el seno de los organizadores y de la SEP se había fortalecido la idea de que el acceso y permanencia en este nivel debía manejarse con criterios fundamentalmente selectivos. Y así, sólo tenían derecho a educarse en este nivel y/o a ingresar a las mejores escuelas quienes según el examen del Ceneval fueran identificados como los más aptos
, categoría en la que sólo con dificultad cabían los hijos de familias pobres, los de las escuelas públicas de la periferia, los de origen indígena y una minoría de mujeres.
Gracias a este examen y a los requisitos adicionales impuestos por la Comipems desde 1996 cientos de miles quedaron imposibilitados de acudir a una escuela, a pesar de que tenían su certificado oficial de secundaria, y más de un millón y medio fueron canalizados a escuelas no deseadas
(planteles técnicos/terminales o bachilleratos de baja calidad). Con esto se agudizó la segmentación social –planteles para pobres y para los mejores
–, y apareció en la ciudad un aumento dramático en los índices de deserción, una gran desesperanza entre jóvenes y hasta suicidios de jovencitas.
A partir del 9 de febrero de este año, sin embargo, y precedido por años de denuncias, reclamos y protestas de muchos y pronunciamientos diversos, entró en efecto la modificación al tercero constitucional (“el Estado… impartirá…la educación media superior”) que reconoce el derecho de las personas a la enseñanza también en este nivel. El decreto con el que arranca la vigencia de este derecho establece cómo debe entenderse su puesta en práctica: primero, cuestionablemente dispensa al Estado de la obligación dar cobertura total inmediata y le concede un plazo hasta el año 2021 (aunque, en compensación, le exige aumentar la matrícula “de manera… creciente a partir del ciclo escolar 2012-2013”).
Luego especifica, sin establecer plazo alguno (lo que significa que son de vigencia inmediata), que podrá ejercer este derecho quien teniendo la edad típica, hubiera concluido la educación básica
, es decir, la secundaria. Esto significa que si bien no es posible demandarle jurídicamente al Estado un lugar para todos, sí es posible exigirle desde ahora que garantice que el acceso a los lugares disponibles será en términos de quienes tienen un derecho y, como todo derecho, que deberá garantizarse la igualdad en su ejercicio. Esto significa que el acceso sólo podrá limitarse por cupo pero no por un examen cuyos resultados proclaman que unos tienen más derecho que otros.
Esto significa terminar con la noción práctica que dice que tienen derecho preferencial quienes provengan de escuelas privadas o tengan promedio más alto, quienes no sean indígenas y los hombres con prioridad respecto de las mujeres como hasta ahora señalan una y otra vez los resultados de los exámenes estandarizados. En un terreno de la igualdad en el ejercicio de los derechos que mandata la Constitución, una prueba hecha para diferenciar a los mejores
de los inferiores
pierde su razón de existir y debe comenzarse a discutir cuál es el procedimiento respetuoso del derecho a la educación que debe sustituirlo. Además, ahora que es el Estado el que imparte enseñanza media superior, se aplica también el precepto de que toda la educación que imparta el Estado será gratuita
y no podrá exigírsele a los estudiantes que –como fue todavía este año paguen hasta por ver si tienen oportunidad de ingresar a este nivel.
Lo que todo esto significa es el derrumbe de los endebles supuestos fundacionales que tenían los procesos selectivos (y restrictivos) como el examen único
, que crecieron gracias a la ausencia de reconocimiento del derecho a la educación. El ingreso al bachillerato se convirtió en un concurso, como si derechos como la educación, la salud y otros pudieran dispensarse a través de certámenes de inspiración deportiva, de belleza o de festividad literaria.
Esta situación anómala ahora se ha vuelto claramente anticonstitucional y violatoria de un derecho humano por fin reconocido. Con esto, el problema de los organizadores del concurso, ya no es sólo con los padres de familia y los aspirantes vulnerados en sus derechos, es también con el Estado. Como señala el artículo primero constitucional todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos
, y esto debe hacerse favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Ahora toca exigir que el Estado cumpla.
Profesor/investigador de la UAM-X
