El Instituto Federal Electoral (IFE) está actuando de forma omisa al no acelerar la investigación sobre el uso de las tarjetas Monex para triangular recursos a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto que llevó a cabo el PRI, advirtieron los representantes perredistas ante ese organismo Camerino Márquez y Pablo Gómez.

El primero recalcó que el presidente del IFE, Leonardo Valdés, parece que en vez de trabajar en pro de la transparencia y despejar cualquier duda sobre el proceso electoral presidencial, quisiera tapar el sol con un dedo.

Márquez, quien es el representante del PRD ante el instituto, consideró que debe ser el Consejo General del IFE, como órgano colegiado, el que determine si se desahogan de manera rápida las quejas presentadas por irregularidades en los comicios presidenciales, y no la opinión de un solo consejero, así sea su presidente.

Por separado, el senador perredista Pablo Gómez, representante legislativo ante el IFE, hizo notar que Jesús Murillo Karam, responsable de la defensa jurídica de Peña Nieto, reconoció que el PRI actuó de forma ilegal al triangular recursos y pagar por medio de tarjetas de Monex a sus representantes en las casillas el día de la elección y contabilizarlo como gastos ordinarios, cuando en realidad son gastos de campaña.

Con ello le quieren tomar el pelo al IFE, dijo, toda vez que las recompensas que se dan a los representantes generales y de casillas son gasto electoral, sujeto al tope de campaña.

Los priístas están reconociendo, aun sin quererlo, insistió, que se excedieron en los 360 millones de pesos del tope, ya que tan sólo el día de la elección distribuyeron 66 millones”.

El senador Gómez expuso que el PRI violó la legislación electoral, ya que los partidos no están autorizados a repartir tarjetas de débito a sus colaboradores sin la firma y todos los datos de la persona que recibe el dinero.

No se puede justificar la compra de tarjetas prepagadas, que en realidad son de débito, insistió. Hizo notar que esta ocasión, el PRI no acudió al efectivo, como ocurrió en 2000, con el Pemexgate, sino que lo hizo a través de tarjetas para eludir la fiscalización de las autoridades electorales.

Lo grave, dijo, es que el IFE sigue callado. Gómez Álvarez sostuvo que el tema no está sólo en la Comisión de Fiscalización, sino también en la Comisión de Quejas, que es la que debe resolver el asunto rápidamente.

En entrevista aparte, Márquez expuso que no comparte la opinión del presidente del IFE, quien el jueves pasado sostuvo que el instituto tiene hasta enero para resolver las quejas presentadas por financiamiento paralelo a la campaña presidencial del PRI y el rebase del tope de gastos. Esto es cuatro meses después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) haya calificado los comicios para elegir el jefe del Ejecutivo federal.

Recordó que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) prevé un sistema extraordinario de investigación para cuestiones financieras y un procedimiento especial, pero en el IFE se han negado y han insistido en desahogar las denuncias por medio de un mecanismos ordinario.

Resaltó que la Unidad Fiscalizadora del órgano electoral puede solicitar y obtener de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) información sobre el grupo financiero Monex en una plazo máximo de tres semanas. Algunas de las quejas presentadas por los partidos ya tienen 90 días, de manera que ha pasado tiempo suficiente para que concluyan las investigaciones, subrayó.

Por otra parte, el representante del PRD ante el IFE destacó que el próximo lunes o martes podría estar incorporando al juicio de inconformidad interpuesto ante el TEPJF, pruebas adicionales de irregularidades en el proceso electoral presidencial, entre ellas las que muestran ligas entre Gabino Fraga Mouret y su hijo Gabino Fraga Peña con Monex.