Los diversos procedimientos judiciales a escala internacional en contra del Estado mexicano por graves abusos de derechos humanos –entre ellos la matanza de Tlatelolco, el halconazo de 1971 o la represión contra la comunidad de San Salvador Atenco– tienen plena vigencia, y las autoridades están obligadas a seguir litigando e informar en qué punto se encuentran.

Así lo indicó Raúl Álvarez Garín, integrante del Comité 68, quien subrayó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) es la encargada de darle seguimiento a estos casos, y transparentar los informes y argumentaciones que ha utilizado sobre ellos.

Durante un mitin realizado frente a la Cancillería por diversas organizaciones sociales, el activista señaló que un tema de particular interés es el del luchador social Rosendo Radilla, cuya desaparición por parte del Ejército en 1974 ya motivó una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano en noviembre de 2010.

Sin embargo, aunque la audiencia privada para que el gobierno del país explicara cuáles son los avances en el cumplimiento de dicha resolución estaba programada para este sábado, en la sede de dicho organismo en Costa Rica, el acto se adelantó dos semanas de forma inexplicable, denunció.

Álvarez Garín afirmó, por otra parte, que los medios informativos han construido la percepción pública de que el gobierno del país le ha dado seguimiento a los casos de violaciones de derechos humanos ante cortes internacionales o que algunos de los personajes señalados como responsables –entre ellos el ex presidente Luis Echeverría– han sido absueltos, lo cual es falso.

Hay teatritos entre ministerios públicos y jueces, con la complicidad de la prensa, que esconden cuál es la situación real de los litigios, porque serían reversibles de inmediato en cuanto la opinión pública estuviera informada. Echeverría, por ejemplo, no está exonerado, sino libre bajo las reservas de ley, y es prófugo de la justicia, y eso queremos que se dirima en la televisión en vivo, enfatizó.

Luego de la protesta, el militante del Comité 68 entregó una carta dirigida a la titular de la SRE, Patricia Espinosa Cantellano, donde exigió información clara sobre el proceso de solventación de la sentencia de la CIDH sobre Radilla, en particular sobre la búsqueda exhaustiva de fosas clandestinas, y la abolición del fuero militar para delitos ajenos a la disciplina castrense.

Asimismo, requirió datos sobre los avances con respecto a varios reclamos de justicia hechos ante organismos internacionales, entre ellos los relacionados con las matanzas del 2 de octubre de 1968 y 10 de junio de 1971; el asesinato de estudiantes mexicanos en Sucumbíos, Ecuador, en 2008, y la represión en San Salvador Atenco, entre otros puntos.