El gobierno de Felipe Calderón presentó ante la Suprema Corte de Justicia una controversia constitucional, a fin de que ese órgano determine si las observaciones que el Poder Ejecutivo hizo llegar al Legislativo sobre la ley general de víctimas se presentaron en los tiempos que establece la Constitución.

La Secretaría de Gobernación (SG) llamó a los representantes del Congreso y de las víctimas a iniciar paralelamente negociaciones el próximo martes, en torno al contenido de esa legislación.

La controversia se presentó en la Corte el pasado jueves, según informó anoche la SG en un comunicado, en el que resalta que la controversia se refiere únicamente al acto del Senado a través del cual ordena la publicación de la ley general de víctimas, así como a la devolución de las observaciones formuladas por el Ejecutivo.

Al respecto, el subsecretario de Enlace Legislativo de la SG, Rubén Fernández, sostuvo que por esta vía se le da salida a un debate en el que ambas partes consideraban tener razón e impedía el avance en la solución sobre los temas de fondo.

Nosotros no impugnamos la ley, sino los procedimientos. Ahora es un asunto que toca a la Corte resolver. Nosotros lo que propusimos es reunirnos este martes para atender temas que permitirán contar con una legislación eficaz lo más pronto posible; de ser así, pediríamos el sobreseimiento de la controversia.

Adelantó que que hay disposición de todos los involucrados para avanzar con prontitud en los temas de discrepancia y convocar a un periodo extraordinario para la aprobación de la ley.

En el comunicado, emitido después de las 10 de la noche, la dependencia sostuvo que Calderón presentó el virtual veto a la ley general de víctimas, toda vez que recibió el decreto respectivo el pasado 1º de junio y 30 días después, atendiendo a lo que establece el artículo 72 de la Constitución, lo regresó al Poder Legislativo con observaciones, mismas que fueron devueltas por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Calderón recurrió a la Corte, pues es prioritario superar este debate entre Ejecutivo y Legislativo, se indicó.

El Ejecutivo” hace un nuevo llamado” para que, de manera paralela al proceso que se lleve a cabo en la Corte, legisladores y organizaciones de la sociedad y defensoras de los derechos humanos continúen con el diálogo para que se cuente con una legislación que verdaderamente ayude a las víctimas del delito y de la violencia, y les garantice la atención que necesitan y merecen.

Para la Secretaría de Gobernación resulta indispensable que los instrumentos que conforman el proceso legislativo sean perfectamente sólidos y congruentes entre sí, a fin de garantizar la consistencia, viabilidad y eficacia de nuestras leyes.

Entre los argumentos que el Ejecutivo federal esgrimió en la demanda contra el Congreso es que éste acordó devolver las observaciones a la Ley General de Víctimas, sin cumplir el proceso legislativo, que obliga a que lo voten las dos terceras parte de ambas cámaras.

Se sabe que este martes, bajo menos presión, se iniciarán en Bucareli las negociaciones a fin encontrar una salida. Representantes de las víctimas, legisladores y funcionarios de la dependencia harán correr el lápiz y resolver asuntos de fondo, como el que tiene que ver con la necesidad de establecer claramente las competencias de los tres niveles de gobierno.

Se buscará el consenso también en torno a los recursos para resarcir a las víctimas, toda vez que la legislación propone un fondo federal, aun cuando 90 por ciento de los delitos que se cometen en el país son del orden común y su solución corresponde a estados y municipios.

La decisión de los legisladores del PRI de no insistir en la publicación de la ley ni en la demanda de juicio político contra Poiré, que hicieron pública en la pasada sesión de la Comisión Permanente, abona a los propósitos del gobierno federal de lograr un acuerdo.

Sin embargo, hay preocupación por el riesgo de que el escenario de las negociaciones con las víctimas pudiera complicarse ante la elección de Emilio Álvarez Icaza, como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que ha sido el interlocutor ante la Secretaría de Gobernación y los legisladores para acercar posiciones de todos los grupos.