Senadores advirtieron que no irán bajo presión a negociar a la Secretaría de Gobernación los cambios a la ley general de víctimas que pretende el presidente Felipe Calderón, y deploraron que la dependencia haya presentado la controversia constitucional ante esa legislación, ya que retrasará más su entrada en vigor.

El vicecoordinador del grupo perredista en el Senado, Carlos Sotelo, recalcó que no van a asistir a la reunión del martes en Bucareli, a la que ha convocado el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, ni avalarán que se modifique a gusto del Ejecutivo federal esa legislación.

“Nosotros no nos prestaremos a esas maniobras de Calderón; insistiremos en que se publique la ley, según lo ordenó el pasado 15 de junio, el presidente del Senado, José González Morfín. Dijo que hubo ya un primer encuentro en Bucareli, el jueves pasado –el día en que el gobierno federal presentó la controversia– al que sólo se presentaron un senador del PAN y el ex perredista Tomás Torres, uno de los negociadores de esa legislación que pretende proteger y allegar justicia a las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.

En entrevista, Torres, quien se integró a la bancada del Partido Verde, señaló que con la decisión de controvertir la determinación del Congreso de publicar la ley, el gobieno federal cerró el diálogo político, porque pudo promulgar la legislación y enviar una nueva iniciativa al Congreso, con los cambios que ha planteado.

Ahora lo que pretenden, dijo, es una negociación, si no con la pistola, sí con la amenaza en la mano. Expuso que a esa reunión del jueves en Gobernación él expuso que era importante considerar que la postura mayoritaria en el Congreso es por la publicación de la ley, pero horas después la decisión fue presentar la controversia contra el Congreso.

Pobre desempeño

En entrevista aparte, Tomás Torres comentó que si el PRI se alía con el PAN y consienten en que se cambie la ley, como pretende Calderón, estarán pasando por encima del compromiso adquirido con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Sostuvo que lo que Calderón ha hecho con la ley general de víctimas es un elemento más sobre su pobre desempeño en el cargo. Al vetar la legislación y poner luego una controversia en la Corte contra la decisión del Congreso de rechazar sus observaciones y publicar la ley, intenta cubrirse la espaldas, por temor de que sirva para sustentar futuras denuncias ante instancias internacionales por los efectos de su guerra contra el crimen organizado”.

Hizo notar que durante muchos meses se discutió la ley en el Senado, se habló con representantes de las víctimas y del gobierno federal y fue hasta el final cuando Calderón se opuso a ella y fraguó el veto, después de las elecciones de julio.

“Las bancadas gubernamentales del Partido Acción Nacional votaron en favor, tanto en senadores como en diputados, y esto no sucede si antes no tienen la anuencia del Presidente. Incluso su entonces candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota, elogió la ley, pero en un cálculo electoral Calderón dejó hasta el final la objeción, para impedir que las víctimas de la delincuencia, a las que su gobierno ha visto como ‘daños colaterales’, cuenten con un marco jurídico sólido y eficaz.”

Sotelo aclaró que la ley de víctimas desnuda los efectos de la política emblemática del gobierno de Calderón: los huérfanos, hermanos, hermanas, familiares que recorren el país demandando justicia, reparación del daño, lo que en un principio intentó negar el gobierno de Calderón”.

A su juicio, la postura del Presidente se debe a que no quiere que la Corte Penal Internacional tenga elementos en la legislación mexicana de apoyo para su eventual enjuiciamiento”.