La controversia constitucional que interpuso el gobierno federal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respecto del tema de la ley general de víctimas, está basada en argumentos falaces, y sólo busca mantener congelada la nueva legislación para no reconocer los daños causados por la guerra contra el crimen organizado, afirmaron integrantes de organizaciones sociales.

Juan Carlos Gutiérrez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), dijo que el titular del Poder Ejecutivo ha esgrimido insuficiencias supuestamente legales para afirmar que la ley tiene huecos y deficiencias, pero dicha estrategia en realidad enmascara la falta de voluntad política para respaldar a quienes han sufrido los estragos de su esquema de seguridad pública.

El Presidente ha dicho que la ley no es clara respecto de las obligaciones de las entidades federativas, pero eso es falso. El anclaje constitucional está claro en los artículos 1° y 20; por tanto es un argumento falaz que niega a las víctimas de la guerra y engaña a la opinión pública, aseveró Gutiérrez, integrante del grupo de especialistas que redactó la legislación.

Además del oportunismo electoral con el que se manejó el presidente para dar a conocer sus observaciones –después de conocer el resultado de los comicios del 1° de julio–, otro de los motivos que lo llevó a vetar la norma es el hecho de que en ésta se obliga al Estado a asumir la responsabilidad por las violaciones de derechos humanos cometidas por sus agentes de seguridad, añadió el activista.

A pesar de que la Secretaría de Gobernación (SG) informó que el próximo martes habrá una reunión con las autoridades y las organizaciones promotoras de la ley para iniciar una nueva ronda de negociaciones, Gutiérrez dijo que la CMDPDH no ha sido invitada.

Debemos exigir que la ley se cumpla, porque el debate en la SCJN se puede ir hasta a dos años, y Gobernación puede convocar a debatir una nueva legislación a su modo, con organismos sin criterio, cercanos al gobierno federal, alertó.

Por su parte, Rocato Bablot, vocero del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, coincidió en que el veto del presidente echa mano de argumentos legaloides, presentados a destiempo y marcados por la conveniencia electoral.

“Tememos que la ley se quede ‘congelada’. Existe ese peligro, y difícilmente se podría resolver antes del próximo periodo legislativo. La SG no nos ha invitado formalmente a la reunión del martes, pero si vamos lo decidiríamos este lunes”, indicó.