La queja del PRI sobre el financiamiento de Andrés Manuel López Obrador plantea que no sólo se habría rebasado el tope de gastos de la coalición Movimiento Progresista, sino con la supuesta triangulación de fondos entre las asociaciones Austeridad Republicana y Honestidad Valiente también muy probablemente se caería en la figura de lavado de dinero.

Consultado al respecto, el vocero del tricolor, Eduardo Sánchez, comentó que el lavado no tiene únicamente su origen en el crimen organizado, sino es una figura que busca simular acciones para eludir la ley, ya sea para no pagar impuestos o por no poder acreditar recursos de legítima procedencia.

La semana pasada, en conferencia de prensa, López Obrador afirmó que contaba con elementos para decir que se utilizó en la campaña de (Enrique) Peña Nieto dinero de procedencia ilícita, lo que comunmente se llama lavado de dinero. Y sería muy grave que no se actuara.

Ayer, Eduardo Sánchez planteó que la insistencia al Instituto Federal Electoral (IFE) para que resuelva la denuncia interpuesta por el Revolucionario Institucional desde el 8 de junio busca que se haga una investigación exhaustiva, de la cual creemos que se confirmarán las pruebas que estamos presentando de un financiamiento ilegal, de un rebase del tope de campaña y muy probablemente la figura de lavado de dinero en el esquema de gastos de López Obrador.

Según los datos que entregó el PRI a la Unidad de Fiscalización del IFE para señalar la presunta triangulación de recursos a la campaña del candidato del Movimiento Progresista, resaltan las presuntas operaciones entre las asociaciones Austeridad Republicana y Honestidad Valiente.

El objeto social de la primera, según el PRI, es el de prestación de servicios a estados, municipios y al Gobierno del Distrito Federal, todos gobernados por el PRD, y solicitó a la autoridad electoral indagar si Austeridad Republicana hizo aportaciones directas o contrató servicios para Honestidad Valiente.

Esto es, agrega, definir cuál es la relación que hay entre estas dos organizaciones, cuál es la que recaba el dinero y cuál realiza los gastos hacia la campaña, vínculo que, señala, de comprobarse configuraría probables delitos electorales y de carácter fiscal. Creemos que esta triangulación se dio con el propósito de eludir con impuestos obligaciones respecto de los topes de gastos de campaña, insistió Eduardo Sánchez.