El fuego cruzado entre el Movimiento Progresista y el PRI, por presuntos gastos ocultos en las campañas de ambos, llevó ayer a la dirigencia del tricolor y al equipo que defiende jurídicamente al virtual ganador de la elección presidencial, Enrique Peña Nieto, a reunirse en privado con el consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita.

La semana pasada los dirigentes del PRD y del PAN solicitaron al IFE un informe sobre la investigación contra el PRI, por la presunta triangulación de recursos para apuntalar su estructura en casillas. Ante ello, el tricolor se apresuró a solicitar una cita con Valdés.

Presentaron ante los medios varias acusaciones contra Andrés Manuel López Obrador, aunque lo central ya había sido delineado en la queja interpuesta el 10 de junio.

Mes y medio después, el PRI reforzó ese expediente y acusó a López Obrador de haber recibido dinero del gobierno capitalino, mediante contratos otorgados a asociaciones ligadas al movimiento del perredista, lo que a su juicio evidencia una estructura paralela de financiamiento de 2006 a la fecha, fraude a la ley y violación a los topes de campaña.

Sin presentar pruebas, los priístas afirmaron que el 18 de abril de 2007 Austeridad Republicana firmó un primer contrato con el Gobierno del DF por 4.5 millones de pesos para la digitalización de archivos y manejo de las bases de datos de contribuyentes. Aseveró que la Secretaría de Finanzas local reconoce al menos 16 contratos más de este tipo entre 2007 y 2010.

Sobre las acusaciones contra el tricolor por la triangulación de recursos para financiar su estructura de representación el primero de julio, respondió que los recursos para fondear los monederos electrónicos (expedidos por Banco Monex) fueron para pagar la capacitación de sus representantes, por lo que no se trata de gastos de campaña, sino de erogaciones ordinarias.

El presidente del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, pidió en ese contexto la cita con Valdés.

No venimos a pedir ningún privilegio, sino a que todas las denuncias se atiendan a la misma velocidad y con la misma profundidad, porque hay que informar a México cómo fue el financiamiento de las campañas y emitir las resoluciones que correspondan conforme a la ley, aseveró.

Al encuentro fue con el también senador Jesús Murillo Karam, coordinador de la defensa jurídica de Peña Nieto, quien aseguró: No tenemos ni una cosa que pueda justificar la anulación de una casilla.