Las autoridades de Coahuila están coludidas con empresarios mineros de los llamados pocitos y les permiten operar en forma clandestina, violando los derechos laborales y humanos de los trabajadores; esa es la causa de la cadena de siniestros, accidentes y muertes en la minería del carbón de la entidad, afirmó Tomás Hernández Castillo, secretario de seguridad social y previsión del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana.

Acerca de la explosión en un pozo de la Compañía Minera El Progreso, en el municipio de Múzquiz, Coahuila, donde perdieron la vida siete trabajadores, Hernández Castillo sostuvo que la gran corrupción en la minería del carbón, combinada con la casi nula inspección del trabajo en la zona y la necesidad de empleo de miles de personas, ha permitido a los dueños de pocitos operar impunemente a costa de la vida de cientos de mineros.

Al parecer, dijo, ese pocito es propiedad de Federico Quintanilla, ex alcalde del municipio de Progreso, quien forma parte del selecto grupo de familias que explotan la minería del carbón de forma ilegal, con concesiones otorgadas de manera soterrada, ya que muchas veces ni siquiera están registrados y tienen manga ancha para operar bajo las peores formas de explotación laboral.

Sostuvo que mientras existan pozos mineros seguirán ocurriendo muertes y señaló que el sábado 21 de julio hubo otro siniestro en un pocito del municipio de Agujita, donde falleció en un derrumbe Abel Quiroz, una víctima más. Explicó que en la zona ocurren muchos accidentes que se ocultan o no se detectan, y los que los empresarios ofrecen dinero para acallar los hechos.

Indicó que en la región carbonífera hay gran necesidad de empleo y eso obliga a las personas a aceptar cualquier trabajo, porque deben cubrir necesidades básicas de sus familias, dar sustento a sus hijos y las autoridades se hacen de la vista gorda, se prestan, se coluden. Ellos tienen culpabilidad en estas y todas la muertes de los mineros del carbón, porque toleran esta situación.

Afirmó que no existe una inspección del trabajo eficiente porque, en primer lugar, no hay suficientes inspectores, mientras que hoy, como en 1889, los mineros aún entran a los pozos de un metro de ancho a jugarse la vida para comer.

Recordó que el secretario general del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, ha propuesto en forma reiterada una ley que penalice a los empresarios que no inviertan en higiene y seguridad, pero los legisladores no han atendido la solicitud.