La Comisión Permanente recibió ayer la notificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de que admitió la controversia constitucional 68/2012 que presentó el Ejecutivo federal contra la Cámara de Senadores, la Comisión Permanente y como tercer interesado contra la Cámara de Diputados, por la aprobación de la Ley General de Víctimas sin que se hayan considerado las observaciones que formuló en tiempo y que el Congreso no tomó en cuenta.

El Ejecutivo argumenta, según la controversia presentada ante la SCJN, que se vulneran los artículos 14, 16, 49, 72 fracciones b y c; el 89 fracción 20 y el 133 de la Constitución.

La mesa directiva del Senado turnó la notificación de la controversia a su área jurídica para preparar la defensa, responder los alegatos y entregar la documentación respectiva.

El presidente del Senado, el panista José González Morfín, dispone de 30 días para responder la demanda de controversia y presentar los alegatos respectivos, como cámara de origen del ordenamiento controvertido.

El panista González Morfín, entrevistado al término de la sesión de la Permanente, resaltó que la controversia que presentó el Ejecutivo ante la SCJN no representa un agravio, sino que se trata de una diferencia de opiniones sobre los tiempos que indica la Constitución para que el Ejecutivo envíe sus observaciones a dicha ley y la orden de su publicación al cumplirse los plazos.

González Morfín precisó que en este caso de lo que se trata es de una controversia de forma, es decir, el Ejecutivo impugna los plazos, los tiempos para nosotros los plazos estaban vencidos, pero el Ejecutivo toma en consideración otras fechas, por lo que no coinciden con los tiempos de nosotros; a su juicio él envió observaciones en tiempo, en razón de que atendió la devolución de la Ley General de Víctimas que le fue solicitada por el presidente de la Cámara de Diputados.

El senador del blanquiazul Ricardo García Cervantes, vicepresidente de la mesa directiva de la Permanente, dijo que ya se recibió la notificación por parte de la Corte, y a partir de este jueves el presidente del Senado contará con 30 días para preparar la defensa jurídica de la demanda del Ejecutivo.

Con la demora de la publicación de la Ley General de Víctimas, los ciudadanos son los que más pierden, dicen legisladores. En la imagen, una manifestación del Movimiento con Justicia y DignidadFoto Francisco Olvera

González Morfín insistió en que estamos ante el caso de un diferendo sobre los tiempos; la controversia no se refiere al contenido de la ley, sino a la fecha, es decir, a juicio del Ejecutivo el envío de sus observaciones el día primero de julio del presente año por la noche se apega a los tiempos indicados en la ley, para nosotros no.

El domingo primero de julio de este año, a las 20:26 horas, Calderón hizo llegar sus observaciones al Senado, en las que subraya que el Congreso carece de facultades para emitir una Ley General de Víctimas. Refiere en el escrito de 40 páginas que la finalidad de ese ordenamiento (la ley vetada) es muy loable y altamente deseable, sin embargo, el costo de este mecanismo es incuantificable e insostenible.

Calderón, quien rubricó las observaciones, señala que es muy cuestionable la subsidiariedad que plantea la ley, toda vez que sus disposiciones no son sensibles a las diferencias entre los casos en que existe responsabilidad del Estado y en los que dicha responsabilidad corresponde únicamente a los delincuentes.

El Ejecutivo sostiene en esas observaciones que en el ejercicio de la facultad de veto que por este medio se lleva a cabo, tal como lo ha sostenido la SCJN el titular del Poder Ejecutivo puede realizar libremente sus observaciones a cualquier proyecto de ley o decreto...

Entre otras argumentaciones Calderón refirió que hay violación a los principios del derecho penal democrático, se violentan los de legalidad y retroactividad y se excluye al jefe de Gobierno del Distrito Federal del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Hay inconsistencias y contraposición a las leyes vigentes.

Posteriormente a la reflexión de esas observaciones, la Comisión Permanente, por unanimidad, mandató al presidente del Senado y de la Comisión Permanente a que ordenaran la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley General de Víctimas, debido a que el Presidente no hizo llegar a tiempo las observaciones, de acuerdo con los plazos que la ley concede. En respuesta a esa decisión el Presidente recurrió a la controversia.