La aceptación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de la controversia constitucional interpuesta por el presidente Felipe Calderón contra el Poder Legislativo por la autorización de la Ley General de Víctimas, seguramente retrasará la promulgación de la norma al menos hasta la siguiente legislatura, en un intento por postergar la catástrofe jurídica a la que se vería expuesto el mandatario si se reconocen los daños de su guerra contra el crimen organizado, afirmaron integrantes de organizaciones sociales.

Adrián Ramírez, director de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, indicó que el titular del Poder Ejecutivo utiliza el entramado legal del Estado para invalidar el proceso que generó la mencionada ley, ya que en vez de servir como garante de las derechos de las víctimas, está actuando como un obstáculo para ellos.

Hay toda una manipulación de los recursos legales para evitar la puesta en marcha de la ley. La SCJN tiene fundamentos para aceptar la controversia, pero al hacerlo, llevará la norma al limbo jurídico y prácticamente la está enviando para que la próxima legislatura y el próximo gobierno lo resuelvan, deploró.

Sin embargo, aunque la legislación haya sido frenada, las violaciones contra los derechos humanos no se detienen. Lamentamos que el sexenio luctuoso de Felipe Calderón siga usando todos los recursos para evitar la promulgación de una ley que puede resarcir a las víctimas, al tiempo que intenta descalificar a quienes lo cuestionamos, aseveró.

Al vetar una norma que había alcanzado un alto nivel de consenso, Calderón “se erige como un poder metalegislativo, como si tuviera la verdad absoluta, y con este triunfalismo trata de evitar la catástrofe jurídica que implicaría reconocer a las víctimas de su ‘guerra’”.

Gloria Ramírez, presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, deploró la falta de compromiso del mandatario con la palabra dada ante quienes han sufrido las consecuencias del clima de inseguridad en el país.

La ley de víctimas tuvo una utilización electoral, se volvió una moneda de intercambio, y eso es sumamente lamentable. Así se corona la falta de compromiso de Calderón, quien pudo haber hecho sus observaciones en tiempo y forma. Ahora existe el riesgo de que la iniciativa quede congelada, por eso ojalá que la SCJN honre su institución y atienda lo que los otros poderes no quisieron, recalcó.