El clima de violencia extrema en las cárceles del país –que provocó la muerte de al menos 171 reos en 2011, según un estudio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos– se debe en gran medida a la falta de inversión gubernamental en actividades cruciales de los centros penitenciarios, y a un concepto equivocado de seguridad basado en un alto número de encarcelamientos.

Así lo advirtió Elena Azaola, académica del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), quien advirtió que ante el vacío de poder en algunos penales, sus directivos han delegado ciertas funciones en grupos de reos que pueden fácilmente abusar de esta circunstancia y desencadenar nuevas situaciones de violencia.

Los 171 presos muertos en 2011 en 49 incidentes, como riñas, homicidios, intentos de fuga, suicidios e incendios –sumados a las 107 que van este año– son el reflejo de un proceso de descomposición relacionado con múltiples factores, entre los cuales está la desatención crónica por parte de las autoridades a dichos centros, explicó la especialista en charla con La Jornada.

La mayor cantidad de muertes han ocurrido en penales de Nuevo León y Tamaulipas, donde se concentran los problemas más severos que desafortunadamente no han recibido la atención adecuada, a pesar de que en varias ocasiones se ha llamado la atención al respecto, indicó.

Hay un gran hacinamiento, no hay atención médica y no se ha separado a los reos de manera adecuada. Además, el personal de seguridad de las cárceles no tiene medios efectivos para hacer su trabajo, con excepción de los penales federales, donde se ha hecho una inversión altísima, sin alcanzar de todas formas condiciones mínimas de seguridad, dijo.