El empleo de niños como espías y delatores en los comicios del pasado primero de julio –denunciado por Alianza Cívica dos días después–, más allá de constituir un delito electoral, violenta los derechos de la infancia, denunciaron organizaciones civiles.

En conferencia de prensa, activistas llamaron a las instancias de gobierno a tomar cartas en el asunto e investigar hasta las últimas consecuencias, pues lo observado en 21 entidades –entre ellos Chihuahua, estado de México, Coahuila, Tabasco, Veracruz, Sinaloa y Jalisco– da cuenta de una forma de explotación laboral y compromete el sano desarrollo y la formación cívica de los menores.

Observadores electorales documentaron que se empleó a niños para que simularan ser hijos de personas desconocidas a quienes acompañaron en la casilla con el fin de verificar que votaran a favor de determinado candidato o partido.

Gustavo Hernández, de Incidencia Civil en la Educación, explicó que lo sucedido contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual señala que el Estado debe garantizar la protección y el cuidado necesarios para el bienestar del menor, así como protegerlo de cualquier forma de explotación o trabajo que entorpezca su educación o sea nocivo para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

Interferir en la confidencialidad del voto no es, evidentemente, un acto formativo de la ciudadanía en un sentido positivo. Los niños no deben ser empleados (si es que se les dio dinero o algo a cambio de realizar labores de vigilancia), y si lo son, no puede ser en actividades donde su desarrollo sea desviado, expuso.

María Eugenia Linares, de la asociación civil Hacia una Cultura Democrática, señaló que obligar a los niños a participar de un delito cometido por adultos conlleva el riesgo de que se convierta en el inicio de una carrera en el narcotráfico, y que calificarlos de halconcitos los estigmatiza y afecta su desarrollo social y moral.

Beatriz Camacho, de Alianza Cívica, anunció que están preparando una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

Señalaron que además el Instituto Federal Electoral, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y las comisiones nacional y estatales de los Derechos Humanos, así como las defensorías del menor en los estados y la Comisión Especial para la Niñez del Congreso, deberían actuar de oficio.

Por tratarse de una práctica nueva, las organizaciones trabajan en una estrategia para denunciar estos hechos de abuso a la infancia.