La Comisión Permanente hizo un llamado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que en coordinación con los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus competencias y promoviendo la colaboración de la sociedad civil, adopte medidas urgentes para garantizar la seguridad de alumnos, docentes, padres de familia y trabajadores en los centros escolares.

En el punto de acuerdo que aprobó el pleno de la Permanente, se argumenta que en más de 4 mil 700 escuelas ocurren con frecuencia robos, vandalismo, extorsiones, violencia física, acoso, discriminación, agresiones y en el ciclo escolar que concluyó se registraron 20 balaceras en Nuevo León y Tamaulipas, que han afectado las actividades diarias en los planteles educativos, de manera que en todos los centros educativos de la zona fronteriza se mantienen encendidos los focos de alerta.

La propuesta la llevó al pleno el diputado del PRD, Víctor Castro Cosío, quien resaltó que esta situación no es vivible, es inadmisible. El Estado debe volver a proteger a todos los mexicanos en sus derechos a la vida y a la paz, especialmente tratándose de niños y jóvenes. Es obligación del Estado garantizar de manera puntual y plena la seguridad e integridad de los menores, adolescentes y jóvenes que asisten a los centros escolares, pero también de los trabajadores y padres de familia que acuden a los mismos.

Aseveró en su propuesta que es condenable que la SEP, como en este caso el coordinador nacional del Programa Escuela Segura, se limite a informar, cual simple crónica, de los hechos de violencia que están padeciendo nuestros niños y jóvenes, con secuelas terribles, que van desde afectaciones sicológicas y emocionales, lesiones, hasta la pérdida de la vida, incluido el doloroso suicidio de estudiantes.’

El perredista argumentó: la autoridad no debe limitarse a la crónica, que raya en el cinismo, sino que debe dar y aplicar alternativas ciertas e inmediatas para su solución, pues para eso es autoridad y cuenta con los recursos para su atención.