La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) logró que el Poder Judicial admitiera un amparo en contra de la Comisión Federal de Competencia (CFC) por haber autorizado la alianza entre Televisa y Iusacell. Con esto, la decisión del órgano regulador queda en el aire y sujeta al criterio de los tribunales.

Sin embargo, las empresas pueden continuar con sus operaciones, porque la medida va en contra de un acto de autoridad y no de particulares. Las compañías no se verían afectadas hasta que el proceso legal haya concluido, si es que la autoridad decide que la CFC actuó de manera indebida.

La asociación señaló que el amparo y la solicitud de suspensión del acto de autoridad fueron promovidos porque la CFC aprobó la operación sin considerar el daño causado, pues la suma de fuerzas de las dos empresas y sus filiales tendrá severas repercusiones sociales, contra el derecho a la información y contra la libertad de expresión de los ciudadanos.

Destacó que la alianza entre Televisa y Iusacell, aunque en el dicho sea sólo para el mercado de telefonía móvil, representa un riesgo por la concentración de medios que podría generarse entre Televisa y Televisión Azteca, propiedad de Grupo Salinas al igual que Iusacell.

El amparo y solicitud de que se suspenda la autorización de la CFC para que Televisa y Iusacell concentren el negocio, que implicó una inversión de mil 600 millones de dólares de la televisora, fue aceptado por el juzgado decimotercero de distrito en materia administrativa del Distrito Federal.

La Amedi puntualizó que entre los argumentos expuestos al juzgador figuran que se temen los daños a la libertad de expresión y al derecho al acceso a la información que podrían generarse con la unión de fuerzas de Televisa y TV Azteca, porque la CFC no tiene atribuciones legales y ni recursos económicos y humanos suficientes para verificar que Televisa y Iusacell no violen ninguna de las condiciones que impuso para aprobar la alianza.

El organismo que preside Aleida Calleja señaló que esta acción legal fue promovida porque la CFC ignoró las recomendaciones que la Amedi hizo con argumentos técnicos y cifras que alertaban sobre los riesgos que tendría para el país que las dos empresas que concentran el mayor número de recursos en comunicaciones, televisión, publicidad y sus mercados derivados terminaran siendo socias en esos mismos mercados y además en los de telefonía móvil e Internet de banda ancha, por una decisión de la autoridad encargada constitucionalmente de prevenir los monopolios y erradicar las prácticas anticompetitivas.

La concentración entre Televisa y Iusacell consiste en que la empresa de Emilio Azcarraga aportó mil 600 millones de dólares para adquirir 50 por ciento de acciones de Iusacell. Con ello se rescató la telefónica de Ricardo Salinas Pliego, que estaba en precaria situación financiera, y de paso entró al mercado de la telefonía móvil, el único en el que no había incursionado.

En principio la operación fue rechazada por la CFC debido a que encontró elementos suficientes para señalar que por el tamaño de Televisa y sus filiales en diversos negocios, así como la fuerza de Grupo Salinas y sus empresas, entre ellas Televisión Azteca, se percibía el riesgo de colusión en los mercados de televisión abierta, de paga y de publicidad, por lo que negó la alianza.

La empresas recurrieron al recurso de reconsideración al que les da derecho la Ley Federal de Competencia, y en una decisión totalmente opuesta la CFC decidió autorizar la alianza con una serie de condiciones propuestas por las propias empresas y acordadas con el órgano regulador. Entre esas condiciones se encuentra que ningún ejecutivo vinculado con el negocio de la televisión podría estar en el consejo de administración de Iusacell, y que la operación dependerá de que el gobierno mexicano logre licitar en no más de dos años la llamada tercera cadena de televisión de forma exitosa, entre otros elementos.

A menos de dos meses, Televisa anunció que su presidente, Emilio Azcárraga, se integrará al consejo de administración de Iusacell como copresidente, sin que la CFC se haya pronunciado sobre si esa medida viola el acuerdo contraído por las televisoras.