a Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) obtuvo ayer una orden de aprehensión contra el general de división en retiro Tomás Ángeles Dauahare, y los generales de brigada en activo Roberto Dawe González y Roberto Escorcia –quienes permanecen bajo arraigo desde mediados de mayo–, así como del teniente coronel Silvio Hernández Soto, por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud. La orden emitida por un juez de distrito en Toluca también afecta a los presuntos narcotraficantes Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, y Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio, quienes, según las autoridades, se desempeñaron en su momento como importantes operadores del cártel de los Beltrán Leyva.

En otro momento de la vida nacional, la detención de altos mandos castrenses por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y su consignación a un penal federal habría sido una buena noticia y una muestra de voluntad de moralizar y depurar las instituciones del Estado. En la circunstancia nacional presente, sin embargo, el episodio remite inevitablemente al historial de una procuración de justicia facciosa, turbia y caracterizada por la fabricación de culpables y el uso político, que además ha sido señalada, en este caso particular, por un conjunto de excesos e irregularidades en los procesos de detención y arraigo de los militares referidos.

Debe recordarse que desde que Ángeles Dauahare y Dawe González fueron aprehendidos, el 15 de mayo pasado, sus familiares denunciaron que éstos permanecían incomunicados y las autoridades de la Siedo se resistían a acreditar a sus respectivos defensores. En los días posteriores a la declaratoria de arraigo contra el ex subsecretario de Defensa Nacional y de los otros mandos castrenses, dicha subprocuraduría omitió dar información sobre las causas en que se basaba la detención y las investigaciones en su contra. Posteriormente, la dependencia encabezada por Cuitláhuac Salinas emprendió una nueva indagatoria contra Ángeles Dauahare, basada en supuestas denuncias anónimas que lo vinculaban con narcomenudeo en sus tiempos como director del Colegio Militar, y de la cual tuvo que desistir. Por añadidura, durante el tiempo en que ha durado el arraigo, la defensa del general en retiro ha denunciado la renuencia de la fiscalía a admitir y desahogar debidamente pruebas de descargo presentadas.

Más allá de una confesión emitida por el general Ricardo Escorcia en mayo, que resultó falsa, los elementos probatorios conocidos contra Ángeles Dauahare se limitan a declaraciones de poca o nula credibilidad, como las formuladas por testigos protegidos, que en otras ocasiones han llevado al Ministerio Público a cometer injusticias y atropellos, como ocurrió en mayo de 2009 con el llamado michoacanazo. Tales elementos, en conjunto, resultan preocupantes en la medida en que hacen que presentan al episodio de los generales arraigados como viciado de origen ante la opinión pública; ponen en perspectiva lo que parece ser un nuevo caso de atropello y abuso de la procuraduría con fines aún no esclarecidos, y constituyen un ejemplo de la indefensión en que se encuentran los ciudadanos comunes ante el ejercicio cada vez más arbitrario, discrecional e ilegal de la procuración de justicia. Cabe preguntarse cuántos ciudadanos anónimos enfrentarán en estos momentos situaciones similares, sin contar con los reflectores mediáticos centrados en la detención de los mandos castrenses referidos.

En suma, las detenciones comentadas arrojan un saldo desolador para los pretendidos afanes legalistas que guiaron el discurso de la administración federal en turno: en el mejor de los casos, y si las acusaciones contra los mandos castrenses detenidos resultasen ciertas después de todo, se confirmaría que la delincuencia organizada ha podido infiltrar altos cuadros de las dependencias de seguridad nacional, con los riesgos que ello implica para la población y la viabilidad del propio Estado. Por otra parte, si resulta cierto que el proceso contra los generales inculpados no es más que un nuevo montaje de la procuraduría, quedaría de manifiesto la catástofe que padece la procuración de justicia en el país. Como quiera, el episodio pone a la institucionalidad política nacional en una posición indeseable entre el escándalo y el descrédito.