Con el propósito de dignificar la labor de aquellos que quieran incorporarse a la función judicial, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) eliminó –a partir de hoy– la figura a los meritorios, que son jóvenes que laboraban sin sueldo ni prestaciones en los juzgados y tribunales federales, con la esperanza de hacer carrera judicial.

La figura del meritorio fue una tradición que duró décadas en los juzgados y tribunales del Poder Judicial de la Federación (PJF), y se convirtió en la puerta de entrada para muchos estudiantes de derecho que años después se convirtieron en jueces y magistrados federales.

Con el argumento de que así aprenderían las labores de un futuro funcionario judicial, los jóvenes universitarios que cursaban la carrera de derecho trabajaban sin recibir salario, aprendían a coser los expedientes judiciales, a mecanografiar las constancias de los juicios que se llevaban a cabo en el órgano jurisdiccional, y en muchos de los casos eran los mandaderos del propio juez o de sus secretarios proyectistas.

De acuerdo con funcionarios judiciales consultados, esta ruta también posibilitó la formación de la llamada familia judicial, ya que permitía a jueces, magistrados y funcionarios judiciales colocar a sus hijos y parientes desde que eran estudiantes, lo que les daba gran ventaja sobre otros jóvenes que no tenían palancas ni conocidos en el medio.

Bajo este sistema, el juez o magistrado era el que ordenaba quién era meritorio, sin que hubiera regulación sobre requisitos de ingreso, condiciones de trabajo, plazos, etcétera.

La principal condición para ello –indicaron– era tener una buena recomendación de un juez, magistrado, consejero de la Judicatura o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para ocupar el cargo, en tanto lograba ascender en la escalera judicial, comentaron fuentes judiciales respecto de la promulgación del acuerdo general 21/2012 del pleno del CJF, que abrió una nueva época en materia de carrera judicial.

El citado acuerdo será obligatorio en los 231 tribunales colegiados, 91 tribunales unitarios y 377 juzgados de distrito del país.

Para el CJF dicha figura generaba inseguridad y responsabilidad laboral, al crear falsas expectativas, falta de control y seguimiento, ya que no están sujetos a supervisión, e incluso, puede propiciar corrupción.