El comité de expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) manifestó profunda preocupación por el contexto general de violencia de género que prevalece en México, el aumento en los casos de feminicidio, la situación de vulnerabilidad de defensoras de derechos humanos y periodistas, la restricción de los derechos sexuales y reproductivos y la falta de armonización legislativa, entre otros temas.

El pasado 27 de julio, el comité emitió una serie de recomendaciones luego de que una delegación oficial, encabezada por el Instituto Nacional de las Mujeres, y otra compuesta por representantes de organizaciones civiles, sustentaran sus informes ante el organismo internacional.

El documento destaca que es muy preocupante que la estrategia de seguridad pública de combate al crimen organizado, combinada con la persistente impu- nidad y corrupción, ha contribuido a intensificar patrones existentes de extendida discriminación y violencia contra las mujeres, arraigadas en actitudes patriarcales y en la minimización e invisibilización del fenómeno.

Impunidad

De manera puntual, manifiesta su inquietud por la impunidad y falta de acceso a la justicia en los casos Campo Algodonero (asesinato de ocho mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua) y las mujeres agredidas en 2006 en San Salvador Atenco, estado de México, así como por los obstáculos para decretar la alerta de violencia de género (solicitada sin éxito en cuatro estados de la República por organizaciones civiles).

Las expertas también externaron preocupación por la conexión entre el incremento de las desapariciones de mujeres, particularmente niñas, y el tráfico de personas, a lo que se suma la incompetencia de las autoridades para dar seguimiento a las denuncias cuando se relacionan con grupos criminales.

En el caso de defensoras y periodistas, lamentan que la mayoría de agresiones hayan sido cometidas por agentes del Estado, sin que a la fecha haya casos resueltos.

En materia de derechos sexuales y reproductivos, subrayan su preocupación por el acceso limitado de adolescentes a servicios de salud reproductiva e información sexual, y que los niveles de embarazo temprano hayan aumentado en el país.

El documento tiene 44 apartados y 53 recomendaciones específicas, entre las que destacan la revisión de la estrategia de seguridad y combate al crimen organizado; garantizar una adecuada armonización entre tratados internacionales, leyes federales, estatales y municipales; promover la correcta aplicación de las leyes que protegen a las mujeres; desarrollar un consistente registro estadístico de los asesinatos y agresiones en su contra, y garantizar el respeto a la cuota de género en la participación política.

Además, asegurar educación sexual con base científica y acceso universal a servicios de salud, particularmente para adolescentes, y la armonización de la ley federal con las estatales sobre el aborto, para eliminar los obstáculos para quienes buscan una interrupción legal del embarazo, así como impulsar políticas con visión de género y multicultural en favor de las indígenas.

Por su parte, Amnistía Internacional llamó de nueva cuenta a las autoridades mexicanas a cumplir con las recomendaciones de la Cedaw, pues con frecuencia se comprometen a asumir sus obligaciones en materia de derechos humanos, pero sus declaraciones no se traducen en acciones y resultados concretos.